DEL MAZO, OBLIGADO A DAR
RESULTADOS SATISFACTORIOS
LA MEJOR FÓRMULA PARA DESALENTAR A AMBICIOSOS
ES LOGRANDO APOYO POPULAR MEDIANTE EL TRABAJO
En los últimos 80 años 4 gobernadores mexiquenses dejaron el cargo, pero no por decisión de los partidos opositores. Uno lo dejó porque fue asesinado por un legislador de su mismo partido. A finales de la década de los ochenta del siglo pasado otro fue defenestrado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, porque no cometió fraude electoral para hacerlo triunfar.
Los otros dos mandatarios estatales se alejaron de sus responsabilidades por llamados del jefe de la nación de cada momento, quienes les encomendaron responsabilidades dentro de los gabinetes presidenciales, en reconocimiento a su buen desempeño en sus funciones estatales, cuando los gobernadores no tenían posibilidades de ser candidatos del PRI a la presidencia de la República.
En el primer caso fue intempestivo. En los restantes tres se trató de decisiones unilaterales del titular del Poder Ejecutivo Federal, en épocas del presidencialismo autoritario, atropellador de la soberanía de los estados y de la voluntad popular de sus ciudadanos, expresada en las urnas.
En los tres últimos casos las órdenes del mandatario federal estuvieron precedidas de versiones sobre el alejamiento del cargo de los gobernadores, en una época cuando – salvo el caso de Roberto Madrazo Pintado, de Tabasco- nadie desacataba las órdenes de un jefe de la nación, así fueran arbitrarias e ilegales.
En todos los casos la oposición nada tuvo que ver, sencillamente no disponía de condiciones para alejar del cargo al titular del Ejecutivo estatal, ni para evitar su defenestración o cambio por ascenso político. Fue simplemente observadora de los acontecimientos, sin posibilidades de influir en los mismos.
En los últimos meses, pero sobre todo después de cumplirse dos años del gobierno de Alfredo del Mazo Maza, arreciaron las versiones de que pedirá licencia definitiva para alejarse de sus responsabilidades. Esta situación se presentan en condiciones políticas e institucionales inéditas, porque ahora el mandatario estatal milita en un partido distinto al del presidente de la República y en la Legislatura Local el PRI no tiene mayoría calificada, ni absoluta y ni siquiera relativa.
La autoridad federal, hasta donde se sabe, no tiene el menor interés en desestabilizar a la estatal para en un momento dado obligar su retiro, y tampoco se percibe ese interés en la alianza mayoritaria en el Poder Legislativo Local, por ello debe descartarse el origen de las versiones en el terreno de la primera fuerza electoral del Estado.
En el pasado las versiones se confirmaron, pero las circunstancias eran diferentes a las actuales, por lo cual no parece fundada la presunción de un próximo cambio de mandatario estatal, pero éste no puede desconocer, ni minimizar los intentos de debilitarlo y presionarlo para dejar la gubernatura.
Debe responder con un notorio mejoramiento de su desempeño, porque la falta de resultados satisfactorios para la población y el desconocimiento del destino y grado de eficacia en la aplicación de unos 600 mil millones de pesos militan a favor de quienes desde su propio campo partidista desean ocupar lugar.
