*Mala investigación permitió ya la liberación de 37 policías acusados del hecho.
De la redacción
Mañana jueves 26 se cumplirán 5 años de la desaparición de los 43 alumnos de la escuela normal “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, acontecimiento que “destapó” el problema de los 40 mil desaparecidos en el país, las más de dos mil fosas clandestinas, más de tres mil cuerpos desenterrados y 26 mil cadáveres sin identificar.
Los hechos no se han esclarecido, pero dieron lugar al alejamiento del perredista Ángel Aguirre Rivero de la gubernatura guerrerense y la posterior recuperación de ese estado por parte del PRI. También dejó la alcaldía José Luís Abarca, quien fue detenido, junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, en la Ciudad de México, acusado de haber ordenado la desaparición de los normalistas.
Familiares y organizaciones no gubernamentales iniciaron la búsqueda de los jóvenes en la región, y después, comenzaron a encontrar fosas clandestinas con cuerpos, pero no los de los normalistas. No obstante, con ello dieron visibilidad al problema de las desapariciones forzadas y de las tumbas ilegales diseminadas por el territorio nacional.
Al problema de la desaparición forzada de los estudiantes por parte de policías de Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, su inmediata entrega a células del grupo criminal “Guerreros Unidos”, se agregó el de las deficientes investigaciones del caso, lo cual permitió la liberación de policías acusados de participar en los hechos.
Antes del 15 de septiembre un juez de distrito en materia penal con sede en Tamaulipas liberó a 24 uniformados de los municipios de Huitzuco, Cocula e Iguala acusados de participar en privación ilegal de la libertad de los 43 jóvenes aspirantes a maestros y en su desaparición.
Antes había dejado en libertad a 13 policías del municipio de Iguala, por violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia y tortura, por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en tiempos de Jesús Murillo Karam, con lo cual suman ya 37 uniformados excarcelados.
Incluyendo civiles, los liberados suman 77 de 142 detenidos, con riesgo de que liberen a otros imputados, incluyendo a altos mandos de “Guerreros Unidos”, como lo advirtió el subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Secretaría de Gobernación.
Previamente había recuperado su libertad Gildardo López Astudillo, “El Gil”, presunto jefe de plaza en la región de Iguala de “Guerreros Unidos”, señalado como quien transmitió la orden de los altos mandos del grupo criminal de asesinar y desaparecer los cuerpos de los alumnos normalistas.
Cinco años después se desconoce el paradero del grupo de alumnos aspirantes a maestros normalistas, lo cual mantiene en la angustia, la desesperación, irritación y tristeza a sus familias, a quienes la comunidad nacional les da solidaridad y respaldo en sus reclamos de la localización de sus hijos.
Durante ese lapso, de acuerdo con las críticas y denuncias públicas de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de la Comisión de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las anteriores autoridades deliberadamente investigaron mal los hechos y no tuvieron voluntad política para esclarecer el caso, encontrar a los jóvenes y castigar a los culpables. La liberación de policías involucrados parece darle la razón a esos señalamientos, pero los alumnos normalistas siguen desaparecidos e impune ese delito de lesa humanidad.
