1-Gran escándalo generó la difusión del adeudo que Diego Fernández de Cevallos tiene con el ayuntamiento de Colón, Querétaro, al cual dejó de pagarle el impuesto predial de sus propiedades desde 1993; es decir, durante 26 años, sin ser molestado, ni embargado algún bien. El adeudo acumulado llegó a 900 millones de pesos.
La imagen del ex candidato presidencial panista fue severamente erosionada con esa información, porque se reclama paladín de la legalidad y resulta que como causante del citado gravamen es un evasor.
Lo peor para el alcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia es que el controvertido abogado postulante, militante del PAN y salinista de hueso colorado sólo le pagará el impuesto predial correspondiente a los últimos 5 años, porque legalmente no se puede ir más allá; es decir, quedarán sin pagarse 21 años del impuesto, y ese dinero jamás ingresará ya a las arcas municipales para fortalecer los servicios para todos los habitantes de Colón.
Sería bueno que nos explicará por qué no pagaba ese impuesto y también por qué las autoridades no le embargaban sus propiedades. De mientras ya se salió con la suya y se ahorro veintiún años de impuestos.
2-La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa está tipificada como forzada, por agentes del Estado Mexicano. Esto lo negaron desde un principio los periodistas que cobraban en la presidencia de la República. Sostenían que nada tuvo que ver el Estado Mexicano. La verdad es que los policías, así sean municipales, son agentes del Estado Mexicano, aunque sus acciones asesinas, como en este caso, no puedan ser consideradas “crimen de Estado”, porque no fueron ordenadas desde los altos niveles del Poder Público.
