*Por primera vez en la historia la Contraloría inhabilitó a un legislador local.
De la redacción
(Primera parte)
El ahora ex contralor del Poder Legislativo, Victorino Barrios Dávalos, se autosancionó económicamente: afuera de su domicilio le robaron las 4 llantas al vehículo a su cargo, y pagó el importe de los neumáticos, a pesar de haber levantado denuncia penal del caso y no haber sido culpable.
Con ese antecedente, qué protección e impunidad podían esperar diputados locales, alcaldes, síndicos, regidores y personal de designación del Poder Legislativo. Por eso durante los 15 años como contralor Barios Dávila sancionó a 41 representantes populares, 80 alcaldes, 94 síndicos y mil 735 regidores, según un resumen de su último informe. Varios fueron sancionados en más de una ocasión.
Los actos de la Contraloría en ese lapso sumaron 9 mil 288, entre amonestaciones, sanciones económicas y pago de daños a bienes de la representación popular, y en la relación de los castigados figuran diputados, alcaldes, síndicos y regidores de todas las organizaciones políticas.
Durante la gestión de Barrios Dávila como contralor del Poder Legislativo, por primera vez se inhabilitó a un exdiputado local, quien por un año no pudo desempeñar cargos públicos, por omitir y no corregir un olvido en materia de presentación de la manifestación de bienes, obligatoria al inicio, cada año de desempeño y al terminar el período constitucional.
Otra acción institucional relevante fue un caso ocurrido al interior del Poder Legislativo, específicamente en el área administrativa. Funcionarios se quejaron en su momento de que el contralor les canceló la compra de un Software.
En una breve entrevista con “El Espectador”, días antes de dejar el cargo, Barrios Dávalos reconoció esa decisión tomada, y explicó los motivos: “fue una operación que quisieron hacer el 4 de septiembre de 2018; es decir, el día que terminaba su período la anterior Legislatura Local y a 24 horas del inicio de la actual”.
No se entendían las prisas por concretar esa compra que representaba un gasto de 24 millones de pesos para las finanzas del Poder Legislativo. Además, “un año después no se percibe la necesidad de ese Software que en forma apresurada querían comprar”, remató el contralor.
El entrevistado adquirió fama de incorruptible e incansable combatiente contra la corrupción en el Estado de México. Por eso le preocupaba mucho a los alcaldes, síndicos y regidores, y al personal de designación del Poder Legislativo.
De acuerdo con el informe del Contralor, no hubo uno solo de los 125 gobiernos municipales sin que alguno o algunos de sus alcaldes, síndicos o regidores hayan sido sancionados, con el caso extremo del ayuntamiento de uno de los municipios más pequeños y de menor población del Estado: Temamatla, que acumuló 130 sanciones contra sus funcionarios de elección popular.
No sólo combatió la corrupción, sino también la prepotencia y menosprecio a las leyes. Este año inhabilitó a tres asesores de grupos parlamentarios: dos de MORENA y uno del PAN, por no haber presentado su manifestación de bienes.
