*Al cierre de esta edición son se decidía si el Poder Judicial acepta el argumento.
De la redacción
El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de la Defensa Nacional, elevó a rango de seguridad nacional la construcción del Aeropuerto Internacional en la base aérea de Santa Lucía, municipio de Tecámac.
Al cierre de esta edición de “El Espectador” el Poder Judicial Federal no había resuelto si aceptaba esa argumentación jurídica para desechar las numerosas solicitudes de amparos promovidos por el colectivo “no más derroches”.
El miércoles de la semana pasado el juzgado quinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México negó la suspensión definitiva del acto reclamado por campesinos de Santa María Ozumbilla, perteneciente a Tecámac; es decir, a la ejecución del megaproyecto.
No obstante, la petición de amparo sigue su curso, y será el día 4 del próximo mes de octubre cuando se efectúe la audiencia en que ese tribunal resolverá si otorga o niega a los campesinos la protección contra la construcción de la megaobra.
El trámite de una solicitud de amparo genera dudas en la población, porque confunde las resoluciones iniciales con el otorgamiento o negativa de la protección de la justicia federal frente a un acto de autoridad.
Cuando en la solicitud se otorga la suspensión provisional del acto reclamado, la opinión pública desconocedora de estos temas piensa que se otorgó un amparo; y con mayor razón lo cree cuando se informa que se concedió la suspensión definitiva, cuando no es así.
En contrapartida, cuando se niegan ambas suspensiones se considera que el amparo fue desechado, cuando tampoco es cierto, pues en uno y otro caso los tribunales de la materia siguen el trámite y después resuelven el fondo. Y entonces sí, otorga o niega un amparo, no antes, aun cuando se hable de suspensión provisional o definitiva.
La construcción del Aeropuerto Internacional en Santa Lucía enfrenta la oposición del colectivo “no más derroches”, que el presidente Andrés Manuel López Obrador identifica como instrumento de los conservadores y la ultraderecha, empeñada en sabotear con recursos legales específicamente la ejecución de ese proyecto aeroportuario y a la cuarta transformación, en general.
Según el gobernante, los adversarios de su gobierno disponen de recursos ilimitados para intentar frustrar el cambio de régimen, para lo cual tienen trabajando a 16 costosos despachos de abogados.
Si el Poder Judicial avala la declaratoria del Ejecutivo de rango de seguridad nacional la construcción de esa terminal de aviones, todos los amparos en trámites y los que se presenten en el futuro serán desechados.
