*Una buena coordinación entre gobiernos resta oportunidad a delincuentes.
De la redacción
La delincuencia organizada crece cuando hay corrupción de las autoridades, reconoció el fiscal genera de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez. Esa corrupción llega inclusive a ser de convivencia, alertó.
El funcionario se refirió igualmente a la necesidad de una mayor y mejor colaboración entre los gobiernos del Estado y la Federación en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada, porque con acciones coordinadas se reducen las posibilidades de fortalecimiento de los grupos criminales.
Esa es la finalidad de los convenios de colaboración firmados recientemente entre la Secretaría de Finanzas y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y por ésta y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Para ese fin estuvo en Palacio de Gobierno el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien hasta 2013 fue el titular de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con sede en esta capital del Estado.
En ese acto se destacó la urgencia de demoler las estructuras criminales de la delincuencia organizada, por medio de la destrucción de sus estructuras económicas y financieras.
Los convenios establecen el compromiso de intercambiar información financiera entre las instituciones estatales citadas y la UIF, que incluirá datos del área de catastro y de la que lleva el registro de las propiedades ubicadas en suelo mexiquense y la formación de grupos de trabajo sobre casos específicos.
De la importancia de demoler las estructuras financieras de los grupos criminales se detalló que la disponibilidad de dinero proveniente de sus actividades ilícitas les confiere mucho poder y posibilidades de seguir financiando acciones delictivas y diversificarlas en perjuicio de la sociedad.
En la reunión se destacó mucho la conveniencia del trabajo coordinado entre el gobierno de la República y el del Estado de México en materia de combate al “lavado de dinero”, como se le conoce al delito de operación con recursos de procedencia ilícita.
Las estructuras financieras de la delincuencia organizada se nutren con el tráfico de drogas, su venta al menudeo, los secuestros, la extorsión y la corrupción de los funcionarios públicos, según se explicó en ese acto de firma de convenios de colaboración.
