*Afores quieren elevarles a 67 años la edad para jubilarse y que aporten más.
GABRIEL L. VILLALTA
Los intereses económicos beneficiados con la privatización del sistema de pensiones, quienes antes del cambio constitucional que lo entregó a particulares exaltaban la decisión y la consideraron favorable a los trabajadores, ahora sostienen lo contrario, y buscan elevar la edad para jubilarse a 67 años y también el porcentaje de las aportaciones de los asalariados.
Alertan en el sentido de que si no se eleva la edad de jubilación ni se reforma la ley aplicable para elevar el porcentaje de las aportaciones de los asalariados ni se incrementa el ahorro voluntario, cuando sean jubilados recibirán pensiones reducidas. Es decir, buscan que las víctimas de la privatización paguen los errores con más trabajo y sacrificios.
La argumentación oculta que dos años de aumento en la edad para recibir una pensión implica dos años más de labor y dos años menos de disfrutar de esa pensión como retirado. Los intereses económicos involucrados quieren aprovechar en su beneficio los avances de la ciencia que han elevado la esperanza de vida: aducen que ahora los trabajadores tienen posibilidades de vivir más tiempo pensionados y debe reducírseles, elevando a 67 años la edad para jubilarse.
El primero de julio de 1997 entraron en vigor los cambios legales que modificaron – ahora se comprueba y en este sumario se advirtió desde 2005- para mal el futuro de quienes comenzaron a laborar en esa fecha: cuando se jubilen recibirán sus pensiones del dinero que ahorren en sus cuentas individuales, más las aportaciones patronales y del gobierno, no del IMSS, como ocurría antes.
Una revisión a lo ocurrido en contra del sector laboral encontró que la reforma en cuestión, a la cual no se opuso la cúpula del movimiento sindical, elevó ya 5 años la edad para jubilarse, de 60 pasó a 65 años.
Los ahorros de los trabajadores dejaron de ser manejados por el gobierno y pasaron a manos de empresas privadas: las Administradoras de fondos para el retiro (Afores), quienes les cobran comisión. Al principio incluso aplicaban cobros por el manejo de las cuentas individuales y sobre el saldo de cada trabajador. Los trabajadores no pagaban por la administración de sus ahorros al IMSS.
Además, las Afores no tienen obligación alguna de compensar las pérdidas (minusvalía les dicen) que registran los fondos de los asalariados cuando hacen malas inversiones. Pierden sólo los futuros jubilados.
Otra desventaja para los trabajadores es que si quedan desempleados no hacen aportaciones por razones obvias, pero las Afores igual les cobran comisiones por sus ahorros, con la consiguiente merma a la suma acumulada.
Hace 22 años para nada se habló de que los nuevos jubilados recibirían pensiones equivalentes al 25 por ciento de su último salario; es decir, si ganaban 10 mil pesos mensuales, ya en la tercera edad, con potenciales enfermedades, incluyendo las adquiridas en los centros laborales, sobrevivirán con 2 mil 500 pesos al mes.
Ahora los beneficiados con la privatización advierten de ello y proponen elevar los años para poder jubilarse, obligar a los trabajadores a ahorrar más y convencerlos de que adicionalmente aumenten sus aportaciones voluntarias. En ningún momento sugieren bajar el monto de las comisiones que cobran o compensar las pérdidas en las inversiones.
