*La reforma en materia de fiscalización será a fondo: diputado Maurilio Hernández.
De la redacción
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), mediante el cual el Poder Legislativo ejerce sus facultades constitucionales fiscalizadoras, podría efectuar auditorías forenses al ejercicio del gasto público estatal, de los ayuntamientos y de los organismos con autonomía constitucional y auxiliares.
Maurilio Hernández González, diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la 60 Legislatura Local, habló de incorporar esta posibilidad en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización que se aprobará, como parte de la reforma integral al marco jurídico de la materia.
El representante popular, coordinador también de la bancada legislativa de MORENA, anticipó será una reforma a fondo, contundente para combatir, erradicar y sancionar la corrupción, en lo cual también coincidió Tanech Sánchez Ángeles, presidente de la Comisión de Vigilancia del OSFEM.
Las auditorías forenses son revisiones más profundas al gasto público, y permiten detectar actos de corrupción, desviación de fondos públicos, opacidad, ineficiencias e ineficacia en el ejercicio de los presupuestos.
Fue, precisamente, el área de auditorías forenses de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quien descubrió la “estafa maestra” en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), cuyo monto rebasó los 6 mil millones de pesos, cuando la titular de esa dependencia era Rosario Robles Berlanga.
Esa misma modalidad de fiscalización a fondo descubrió maniobras similares en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU), a donde el presidente Enrique Peña Nieto envió a Robles Berlanga después del escándalo de SEDESOL.
Ese tipo de autorías se tienen previstas para el Estado de México, de acuerdo con lo anticipado por Hernández González durante la apertura de los trabajos del foro “Hacía una nueva Ley de Rendición de Cuentas en el Estado de México”, organizado por el diputado Sánchez Ángeles.
Las auditorías forenses efectuadas por la ASF cuando la encabezaba Juan Manuel Portal, detectaron también la desviación de fondos públicos federales ejercidos por los gobernadores en los estados, como ocurrió en esta entidad mexiquense.
Esas revisiones integrales y a fondo de la aplicación de los presupuestos dieron lugar a más de mil denuncias de la ASF contra autoridades estatales, incluyendo a las mexiquenses, pero salvo la de Javier Duarte, gobernador de Veracruz y de Roberto Borges, mandatario d Quintana, no prosperaron.
Fueron archivadas por instrucciones superiores, con la consiguiente impunidad para los altos servidores públicos corruptos. Ahora se buscará que las auditorías forenses se efectúen en suelo mexiquense, y colocarían a la entidad a la vanguardia en la lucha contra la corrupción.
