DEBE FISCALIZARSE IMPACTO
DEL GASTO EN EL BIENESTAR
INEFICIENCIA E INEFICACIA SON CORRUPCIÓN
Las comparecencias de los miembros del gabinete estatal y del fiscal general de Justicia del Estado ante diputados, en plenos y comisiones, no permitieron conocer a cabalidad el desempeño del Poder Ejecutivo en los últimos 12 meses. El formato empleado en las sesiones, basado en la acumulación de preguntas y de pocos minutos para los comparecientes para darles respuestas no es el idóneo para la glosa de los informes de los mandatarios estatales.
Las intervenciones de los funcionarios para despejar dudas de los representantes populares sobre los resultados y condiciones de sus áreas no logran ese cometido por las limitaciones del tiempo y por la pauta de comportamiento de los interrogados: evadieron las preguntas más importantes y difíciles de contestar.
En sus intervenciones iniciales los colaboradores del gobernador Alfredo del Mazo Maza estuvieron reñidos a muerte con la realidad y no se diga, con la reflexión autocrítica. Expusieron un panorama estatal y el funcionamiento de las instituciones como si éstas correspondieran a Suiza, Dinamarca u Holanda.
Proporcionaron información importante, pero solo lo hicieron de manera indirecta, porque la finalidad de las comparecencias fue sólo un trámite, lo cual debería ser tomado en cuenta para la glosa del tercer informe del gobernante estatal, el próximo año. De lo contrario, se repetirá lo ahora y no se aclararán las dudas ni mucho menos las sospechas de existencia de corrupción, deficiencias, ineficacia y opacidad en la aplicación de los fondos públicos.
La fiscalización del ejercicio presupuestal del gobierno mexiquense sufrirá un cambio radical, con la incorporación de la modalidad de auditorías forenses, nunca utilizadas en suelo estatal y que son a fondo, lo cual permite detectar irregularidades en el gasto, para ser sancionadas, algo imposible de lograr con las auditorías tradicionales, y menos cuando se efectuaban sólo para llenar un expediente burocrático, no para vigilar el uso y destino claro de los fondos públicos.
Este cambio debe incluir la medición del impacto favorable del gasto público en las condiciones de vida de la población, como en teoría se supone debe ocurrir, pero no siempre se logra por la incapacidad o desinterés de las autoridades. En el pasado eso no importó y la fiscalización se limitó a vigilar que los montos de los ingresos coincidieran con los de egresos, sin importar las compras y obras públicas pagadas con excesivos sobreprecios o, peor aún, que ni siquiera se entregaran las primeras, ni se construyeran las segundas.
A nadie importaba si esas obras, bienes y servicios adquiridos con sobreprecios reunían la calidad pagada, con casos extremos de operaciones que sólo se realizaban en el papel, porque eran “fantasma”, como en muchos casos lo eran las empresas beneficiadas con los contratos, que en realidad eran “lavanderías de dinero”.
La nueva realidad política e institucional exige que ahora se detecten y también se consideren actos de corrupción la ineficiencia, ineficacia, los sobreprecios y la falta de impacto favorable del gasto público en los niveles de bienestar de los mexiquenses.
