*No hay un funcionario preso por corrupto. *Debe haber transparencia en Poder Judicial.
De la redacción
En estos nuevos tiempos de la vida nacional no puede seguir el mismo sistema, mecanismos y métodos de fiscalización, caracterizados por la ineficiencia e incapacidad deliberadas, para proteger a altos funcionarios corruptos, advirtió Héctor Díaz Aguirre, vocero de la Asociación Nacional Anticorrupción (ANA).
En una breve entrevista con este semanario se refirió al Poder Judicial mexiquense como ejemplo de opacidad y falta de una clara rendición de cuentas, al que debe fiscalizarse, tanto en la aplicación de su presupuesto como en el comportamiento del patrimonio de magistrados, jueces y secretarios de juzgados y de sus familiares.
“La sociedad debe conocer, por ejemplo, si el edificio de la Avenida Independencia se licitó de acuerdo a las normas rigurosas y si se justificó el monto invertido, porque fiscalización auténtica del órgano del Poder Legislativo no ha habido”, reiteró el también conocido economista.
Por la naturaleza de sus funciones, “debe revisarse de verdad el comportamiento de los bienes de todos estos funcionarios y sus familiares, y de todos los servidores públicos con posibilidades de enriquecerse desde sus cargos públicos”, planteó Díaz Aguirre.
El Poder Judicial maneja montos excesivos derivados de fianzas de los acusados, quienes muy pocos regresan a recogerlas cuando salen libres y, menos, cuando son liberados por tecnicismos, aunque sean culpables.
No hay información verificada por el sistema estatal de fiscalización, sino sólo la del órgano interno. “Nadie tiene la seguridad de si lo que se informa oficialmente sobre el tema responde o no a la verdad”, comentó el dirigente de la ANA.
Puso otro ejemplo de apoyo y protección de los funcionarios corruptos por parte del sistema estatal de fiscalización: la ausencia de altos servidores públicos presos por enriquecerse ilegalmente desde sus puestos.
El Estado de México padece el más alto nivel de corrupción de sus instituciones y servidores públicos, de acuerdo con la información del INEGI, pero esta situación no se refleja en acciones penales contra los funcionarios deshonestos, prueba de que hace falta revisar y adecuar leyes, mecanismos de rendición de acuerdos y el desempeño de los encargados de evitar, investigar, denunciar y sancionar la corrupción, propuso.
Finalmente, se refirió a las condiciones políticas favorables para un cambio en las leyes del sistema de fiscalización del gasto público y de los bienes que acumulan los servidores públicos; sobre todo, de quienes desempeñan funciones que facilitan la corrupción y enriquecimiento ilícito, actualmente protegidos y cuyos delitos quedan impunes.
