*El PAN apoya las propuestas que están en contra de la interrupción del embarazo.
CLAUDIA HIDALGO
La Legislatura mexiquense tiene pendientes cuatro iniciativas de ley; dos de ellas en pro de la legalización del aborto en las 12 primeras semanas y las otras dos a favor de la vida y en apoyo a las madres que deseen dar a sus hijos en adopción.
Hace unas semanas las comisiones legislativas abrieron el debate de las propuestas del PRD y Morena, sin llegar a acuerdos, ni conseguir agendarlas nuevamente para este periodo ordinario de sesiones, luego de las marchas y protestas de la Iglesia y organizaciones conservadoras de Toluca.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, reconoció que no se avanzado por falta de acuerdo, no sólo de Acción Nacional sino por legisladores de diversos grupos parlamentarios con una posición “muy personal” al respecto.
Dijo que no permitirán que precluyan estas iniciativas, pero tampoco pudo asegurar que puedan salir adelante por mayoría, para no generar polarización entre la sociedad.
En tanto, el coordinador del PAN, Anuar Azar Figueroa, indicó que no quitarán el dedo del renglón en torno a sus iniciativas para defender la vida desde la concepción y el apoyar a las mujeres que quieran abortar para que den a sus hijos en adopción. Aseguró que actualmente no hay una sola mujer presa por abortar.
El argumento de los proponentes es que el aborto existe, pero de manera clandestina, otros con médicos privados y otros tantos acuden a la Ciudad de México. Tan sólo del 2017 al 2019, se atendieron a 53 mil 904 usuarias provenientes de la entidad en hospitales de esa región.
En el Código Penal de la entidad quien aborte es sancionado con penas de tres a ocho años de cárcel y de 50 a 400 días multa, pero si es por deshonra la sanción es de seis meses a dos años. No se castiga por cuatro causas: cuando se ponga en peligro de muerte a la madre, sea resultado de una violación, por accidente culposo y por alteraciones genéticas o congénitas.
La iniciativa de Morena, que es quien tiene la mayoría, despenaliza la acción durante las primeras 12 semanas, pero si esto ocurre luego de este plazo serían de seis meses a un año de prisión o de 50 a 200 días de multa, de acuerdo con la capacidad económica o podrían conmutarse por días de trabajo a favor de la comunidad y si es necesario recibiría atención integral con perspectiva de género. En el caso del personal médico, además les suspenderán del ejercicio de su profesión por 20 años.
Enfatiza que el sistema estatal de salud deberá prestar el servicio de forma gratuita y en condiciones de calidad, con acompañamiento psicológico y médico antes de la intervención y posterior cuando así lo soliciten. Las peticiones deben atenderse en plazo no mayor a cinco días.
