1-Nadie se explica que una corporación policíaca como los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), que dependía de la antes Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito (DGSPyT) y después, de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) terminó como empresa privada.
Más inexplicable resulta eso de que a pesar de haberse privatizado, 20 mil uniformados están protegidos por el ISSEMYM, que no afilia a particulares. Protege sí a los “aviadores”, porque esos gozan de seguridad social, aguinaldos, vacaciones y primas vacacionales, en una clara acción corrupta, pero justificada legalmente porque son, al menos en papel, funcionarios públicos, lo cual no es el caso de los policías ahora privatizados.
Por si fuera poco, el negocio de miles de millones de pesos que representa para los particulares esa policía privada, no paga las cuotas al ISSEMYM, lo que toleraron los últimos gobernadores.
2-Mal se vio el INE al promover una acción de inconstitucionalidad por la criticable “ley Bonilla”. Como órgano autónomo no tiene facultades para recurrir a ese tipo de recursos, y lo sabía, por ello nadie se explica por qué se expuso al ridículo. La SCJN rechazó la solicitud de intervención, precisamente, porque no podía hacerlo.
Hubiera justificado su participación en el lío si eso hubiese afectado sus facultades electorales, pero no era así. Parece que el INE buscaba un acto espectacular, pero no le resultó bueno para su imagen.
