*El sistema investigador de torturas, intuición, viola derechos humanos: es lastre.
De la corresponsalía
ACAPULCO, GRO.-No debe sorprender la excarcelación de los acusados de autoría material de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los 27 presuntos integrantes del grupo criminal capitalino “Unión Tepito”, porque son resultados directos del desfase entre un marco jurídico penal garantista y métodos de investigación obsoletos, por falta de capacitación de los policías.
“Lo de Culiacán, independientemente de si se reprueba o apoya, es otra cosa, pero los dos ejemplos citados y muchos otros casos individuales, en los que conocidos delincuentes son liberados por violaciones al debido proceso y a los derechos humanos es consecuencia de ese desfase”, sostuvo Juan de Jesús Rodarte Latabán, académico y estudioso del tema en debate en estos momentos.
En una breve entrevista con “El Espectador”, aclaró que no es el nuevo entramado jurídico en materia penal el que está mal, pues el garantismo es la tendencia en el mundo, sólo que en México se encuentra con policías y agentes del ministerio público sin capacidad profesional para investigar, integrar y consignar o judicializar los expediente, como ahora se dice, sin violar el debido proceso y los derechos humanos.
Ahí está mal y es lo que debe resolverse, porque así como investigan y reúnen pruebas sin cumplir con la ley, los jueces seguirán liberando a delincuentes, por violación al debido proceso, en perjuicio de las víctimas y del Estado de Derecho, con irritación de la sociedad, abundó el experto en la materia.
“No es bajo el porcentaje de los mexicanos que consideran que los delincuentes tienen más protección de las leyes que las víctimas, lo cual es parcialmente cierto, pero el problema está en la incapacidad y falta de preparación para investigar, esclarecer y perseguir los delitos e integrar bien las carpetas de investigación que judicializan, sin violar el debido proceso y los derechos humanos”, detalló Rodarte Latabán.
Llamó la atención la persistencia de métodos de investigación mediante presiones físicas y psicológicas a los presuntos culpables o de invención de responsables de delitos, porque, subrayó, “eso revela la improvisación, la incapacidad y falta de profesionalismo de policías y agentes del ministerio público para investigar, esclarecer ilícitos, perseguir y capturar a los imputados”.
Debe preocupar a todos, porque el nuevo sistema de justicia lleva ya muchos años en vigor, y en esto no se ha avanzado, como fue el compromiso de las autoridades, y “las consecuencias son la liberación e impunidad de los delincuentes y doble agravio a las víctimas y a la sociedad y el estímulo a los delincuentes para seguir dañando a las personas”, porque saben que no serán castigados. “El otro problema es el de los jueces”, reiteró el académico.
“Lo que debe hacerse es dotar de la capacidad que se necesita para procurar y administrar justicia sin violar derechos humanos y proteger el debido proceso, para procurar y administrar justicia en un Estado de Derecho”, concluyó Rodarte Latabán.
