*La SCT pagó el terreno que estaba en litigio y aceptó hacerse cargo del pleito.
De la redacción
El Tren Interurbano, demorado ya dos años en su terminación ahora programada para 2024, por falta de presupuesto y por amparos de campesinos promovidos contra los trabajos de construcción, enfrenta ahora un nuevo problema: edificó la estación de Lerma en un predio pagado a quien no era su dueño, y ahora éste demanda la indemnización por el predio.
José Luis Altamirano Barrueta, representante legal de la empresa Inmobiliaria Regañón, explicó que ésta le compró a Luís Enrique Dosal García, familiar político de Gerardo Ruiz Esparza, un terreno, por donde cruzó la ruta del Tren México-Toluca. La obra utilizó más de 11 mil metros cuadrados.
Cuando Ruiz Esparza era titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) favoreció a su pariente político con otra indemnización por la parte del predio donde se construyó la estación.
El terreno tenía problemas legales, pero la SCT de todos modos indemnizó a quien ya no era dueño, pero era familia del entonces poderoso funcionario; en cambio, dejó de pagarle a la inmobiliaria, que sí lo era.
Lo más extraño es que la dependencia del gobierno federal conocía el problema legal, y a pesar de ello, llegó al colmo de establecer en el convenio de la indemnización, que se haría cargo del conflicto, incluyendo un juicio de amparo existente; es decir, hizo lo que ni las instituciones, ni los particulares hacen: adquirir un bien en conflicto y comprarse un problema.
Altamirano Barrueta informó que el amparo fue sobreseído indebidamente, pero que el propio juez le dijo que podía demandar la indemnización por la vía civil, porque el asunto es de esa materia.
El abogado postulante reveló que los problemas de los amparos contra la construcción del Tren Interurbano surgieron y se complicaron porque hubo corrupción descomunal: los encargados de pagar las indemnizaciones entregaron dinero a quienes no tenían derecho a recibirlas, a cambio de una “mordida” del 50 por ciento del monto entregado.
Hubo personas que no entregaron tierras para el megaproyecto y fueron indemnizadas hasta dos veces, por actos de corrupción. “Todo a cambio de la entrega de hasta el 50 por ciento del importe de las indemnizaciones a los encargados de cubrirlas”, recalcó Altamirano Barrueta.
Hay testimonios de ejidatarios indemnizados cuyas tierras están a un kilómetro de las obras, mientras a muchos dueños de las parcelas afectadas; es decir, los verdaderos, se les excluyo de las indemnizaciones, y por eso hay muchos amparos y problemas sociales que tienen paralizadas las obras.
Le dejaron un enorme problema al nuevo gobierno, porque la megaobra fue encarecida artificialmente y también por el retrazo en su terminación, y ahora no hay dinero para continuarla, además de los problemas legales y amparos e inconformidad de los afectados, recalcó el apoderado legal de la empresa dueña del predio donde se construyó la estación Lerma del Tren Interurbano.
