*En zonas de riesgos y sin servicio un alto porcentaje de los mexicanos.
De la redacción
Los cambios a la legislación agrarias en el periodo neoliberal ocasionaron el poblamiento de tierras de los regímenes ejidal y comunal en forma desproporcionada, con un alto porcentaje de asentamientos humanos en zonas de riesgos, sin servicios.
Este fenómeno que suprimió la prohibición de la venta de tierras de propiedad social a personas ajenas a los núcleos agrarios ocasionó el tráfico de suelo y al cambio de uso de suelo en forma indiscriminada.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATUR), antes sin la “R”, examinó lo ocurrido a partir de las modificaciones al marco legal aplicable a la propiedad social y detectó aspectos importantes.
Como consecuencia de esos cambios constitucionales impulsados especialmente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari arrojó como resultado que en estos momentos el 52 por ciento de la población total del país ocupe tierras ejidales o comunales.
Es decir, unos 67 millones de mexicanos se asientan en suelo que antes fue de uso agrícola, producía alimentos y favorecía la recarga de la reservas subterráneas de agua, de donde se extraía para satisfacer particularmente las necesidades de las familias.
El estudio de la SEDATUR revela que un porcentaje elevado de la población que ocupa tierras ejidales y comunales es ajena a los núcleos agrarios, como efecto del intenso tráfico de suelo de estos régimen de propiedad, permitido legalmente por los cambios constitucionales y las leyes secundarias de la materia.
La falta de planeación y aplicación de los normas en el campo del desarrollo urbano produjo el problema de los asentamientos humanos en zonas inconvenientes, por representar riesgos.
Según la dependencia encargada de estos temas, construyeron viviendas en zonas inundables o carentes de los servicios básicos, sin que autoridad alguna lo impidiera, como era su obligación hacerlo.
Lo más grave fue el doblamiento de zonas sin posibilidades de dotarse de servicios, por la lejanía a las redes de agua potable y drenaje, lo cual toleraron las autoridades estatales y municipales en el territorio nacional, según la dependencia del gobierno federal.
POCO AVANCE EN RECONSTRUCCIÓN
La SEDATUR dio a conocer igualmente que el avance dejado por la anterior administración en el programa de la reconstrucción de viviendas dañadas por los sismos de septiembre de 2017 fue inflado.
El gobierno de Enrique Peña Nieto reportó que se cumplió en 40 por ciento la meta fijada, pero en realidad sólo llegó al 20 por ciento; es decir se ejerció un gasto equivalente al 40 por ciento de la reconstrucción, pero sólo se hizo apenas la mitad de lo reportado, y ahora se investiga el destino de los fondos, incluyendo las donaciones.
