*Quienes no tienen ingresos para alimentarse bien suman 3 millones 508 mil.
GABRIEL L. VILLALTA
(Primera parte)
Ausentes del debate, inclusive de su debida difusión en los medios informativos, los grandes problemas de pobreza, exclusión e injusticia social afectan a cerca del 60 por ciento del total de la población mexiquense, según información oficial del CONEVAL, correspondiente al año pasado.
Un análisis detenido y a fondo de “El Espectador” a los datos estadísticos del organismo sobre este tema permite llegar a la conclusión de que el Estado de México es pobre, contrariamente a como se pensaba en el pasado.
Las cifras negativas deberían preocupar a autoridades, sociedad, partidos políticos y a supuestos analistas, porque evidencian el descomunal rezago y desigualdad social que en casi todas las variables medibles tiene la entidad mexiquense.
La realidad en datos: 59.2 por ciento de los habitantes del Estado (10 millones 461 mil, en términos absolutos) no está protegido por régimen alguno de seguridad social. No están afiliados ni al IMSS, ni al ISSTE, ni al ISSEMYM.
La cifra impresiona por elevada, pero dice poco si no se contextualiza y se examina a partir del futuro posible de esta población: es aquella que cuando llegue a la tercera edad no podrá beneficiarse de la jubilación, ni de pensión.
Un alto porcentaje, posiblemente las dos terceras partes de la población total se encuentra en esta situación, y en unas décadas más, ya como adultos mayores, no tendrán ingresos garantizados para subsistir.
De la población estatal todavía el 19.8 por ciento (3 millones 490 mil, en números redondos), no tiene acceso a los servicios de salud y 2 millones 272 mil personas mayores de 14 años integran el rezago educativo.
Los problemas abarcan a los espacios de calidad en las viviendas, que afectan a un millón 704 mil mexiquenses, en tanto que un millón 825 mil carecen de servicios básicos en su vivienda.
Con problemas para adquirir alimentación hay 3 millones 506 mil mexiquenses, casi tantos como los habitantes conjuntos de Nayarit, Campeche, Baja California Sur y Colima; es decir, sumadas las poblaciones totales de esas entidades federativas apenas rebasan a los habitantes del Estado que no tienen ingresos para alimentarse bien.
Esta realidad refleja claramente la pobreza estatal de una entidad federativa donde también se ubican las mansiones más lujosas y amuralladas del país, y no hay una estrategia clara ni eficaz para resolver el problema de la pobreza, la exclusión y la desigualdad económica y social.
