*Proponen retiro por edad a los 55 años y 15 años de cotización al ISSEMYM.
CLAUDIA HIDALGO
Los integrantes de la organización “Movimiento de Transformación Nacional”, donde están congregados servidores públicos de diversas instancias públicas, entregaron a la Legislatura Local una propuesta de mejora regulatoria a Ley del ISSEMyM, para que los incrementos de cuotas y aportaciones sean sustentados en estudios actuariales serios.
Para la jubilación proponen 35 años de servicio y 55 años de edad, para el retiro por edad y tiempo de servicios 15 años de cotización y/o 55 años de edad, para el retiro por edad avanzada 15 años cotizados y/o 60 años de edad.
Subrayan la necesidad de continuar con el régimen de seguridad social de “Reparto de Beneficio Definido” y no aceptar el de “Contribución Definida”, es decir Afores. Quieren que las pensiones incrementen como aumente el salario y eliminar el requisito de probar periódicamente la supervivencia.
En el documento entregado al diputado Benigno García establecen que, para realizar un incremento o determinación de cuotas o aportaciones, se deberá fijar mediante estudios actuariales que sustenten ese monto y hacer las actualizaciones de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Proponen que el Instituto calcule las cuotas del servicio médico de los jubilados y pensionados igualmente con base en estudios actuariales en función del estado de salud, y llevar a cabo un incremento adicional a los servidores públicos en los tres últimos años de servicio para fortalecer el fondo solidario.
Declararon improcedente la figura jurídica “seguro de salud” con el cual se pretenden entregar servicios a través de un contrato, sin que se pueda privatizar u otorgar facultades a empresas prestadoras de servicios de salud.
Piden que las enfermedades no se manejen por plazos, sino con base en la evolución del padecimiento, donde el ISSEMYM estaría obligado a reintegrar los gastos que se hagan fuera de la institución. Y para el rescate financiero del organismo, que cada persona pague cuotas en función del número de dependientes económicos afiliados, lo justo y equitativo.
Como parte de la transparencia que exigen señalan la necesidad de abrir los concursos de licitación pública de los servicios subrogados, como son limpieza, equipos, estudios, clínicas, farmacias, entre otros. Y realizar compras consolidadas directamente con los laboratorios para garantizar un costo real, sin intermediarismo.
El pago de los riesgos de trabajo deberá ser responsabilidad del Instituto y de los empleadores y cuando el servidor fallezca a consecuencia de un riesgo de trabajo sus beneficiarios tendrán el derecho de gozar de una pensión con un monto establecido.
Asimismo, transparentar la operación de guarderías, centros vacaciones y otros espacios para evitar el desfalco; dar seguridad social a todos los trabajadores de las instituciones públicas del gobierno y municipios, así sea por contrato laboral, se pueda afiliar a los familiares directos que dependan económicamente sin más requisito que acreditar el parentesco.
