*Los terrenos fueron comprados hace décadas, pero ahora los reclaman ilegalmente.
De la redacción
Más de 250 familias beneficiadas por el gobierno de Jorge Jiménez Cantú con lotes hace más de 40 años, en Bejucos, municipio de Tejupilco, fueron acusados de despojo, por descendientes de quienes vendieron la tierra.
En un jugado de Temascaltepec presentaron denuncias, con el fin de hacerse de suelo propiedad del gobierno, donados a decenas de familias, y que desde hace muchos años tienen construcciones, informó un vocero de los perjudicados.
Los favorecidos con los terrenos aseveran que la familia Torres vendió las decenas de hectáreas al gobierno estatal, en una legal operación, de lo cual existen documentos, pero en los últimos tiempos nietos de los vendedores, mal aconsejados por abogados sin escrúpulos pretenden despojarlos de esas propiedades.
Resulta paradójico, destacó el vocero, que quienes con maniobras fraudulentas buscan despojar de sus tierras a las familias acusen a éstas, precisamente, de despojo, cuando las tierras les fueron vendidas legamente a las autoridades estatales por los verdaderos dueños.
Reconoció que varias familias no tienen debidamente legalizada la propiedad, por lo cual sus terrenos siguen, jurídicamente, siendo del gobierno, pero nunca de los nietos de los vendedores.
“En todo caso, quien pudiera hablar de posesión ilegítima sería el gobierno, pero no lo hace porque adquirió legalmente el predio que después se notificó, justamente para donarlo a las familias que ocupan los lotes desde hace más de cuatro décadas”, subrayó.
El entrevistado reveló que entre los beneficiados figuran algunos periodistas de Toluca, y el terreno comprado y ya dividido quieren recuperarlo ilegalmente los herederos de los vendedores para convertirlos en fraccionamiento.
No obstante, sostuvo, “eso no ocurrirá, porque el predio no fue invadido por las familias, sino entregado en fracciones por las autoridades estatales, pero el problema consiste en el tiempo que deben ahora dedicar y perder los posesionarios ante los juzgados; además, de no atenderse de inmediato por las autoridades competentes se convertirá en un problema social y político”.
Esto, advirtió el portavoz de las familias, “no debe minimizarse, porque la zona enfrenta problemas de violencia y no debe dejarse crecer el problema, creado artificialmente por quienes quieren hacer negocios ilegales”.
Explicó que inicialmente buscaron apoderarse y despojar de las tierras a las familias por la vía civil, pero fueron informados que no tenían derecho a reclamar la tierra pues sus familiares los vendieron y recibieron el pago correspondiente.
Ante el fracaso, optaron por la vía penal, para lo cual inventaron lo del delito de despojo, con la paradoja de que quienes están cometiendo ese delito, al menos en grado de tentativa, son los descendientes de los vendedores.
