*Las fuerzas armadas y policías recibieron patente de corso para asesinar: CIDH.
De la redacción
En una posición contraria a la asumida por la Organización de Estados Americanos (OEA), de donde depende, hace unas semanas la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) denunció que el gobierno golpista boliviano de Jeanine Áñez perpetró masacres de indígenas que protestaban pacíficamente contra el derrocamiento de Evo Morales.
Además, condenó el decreto 4078, firmado por Áñez, el cual les concedió patente de corzo a las fuerzas armadas y a la policía para asesinar a opositores al golpe de estado que la llevó al poder, en lugar de Evo Morales Ayma. Al cierre de esta edición de “El Espectador” los asesinados por los cuerpos de seguridad sumaban 32.
El presidente de la OEA, Luís Almagro, tomó partido en contra de Morales al investigar el resultado de la elección presidencial y declarar sin ofrecer pruebas (aún no las presenta) un fraude del gobernante en la primera vuelta, con lo cual dio cobijo al derrocamiento del mandatario boliviano.
Adelantó su informe tres días, justamente para la fecha en que estaba planeado el golpe de estado y todavía después defendió el derrocamiento de Morales, al negar que se hubiera tratado de un golpe de estado y sostener que más bien el golpe de estado lo cometió el gobernante en la elección.
En contrapartida, la CIDH cuestionó la validez del ascenso de Jeanine Áñez, porque no figuraba en la línea de sucesión y asumió el poder sin el quórum legal indispensable para ello, pues se autoproclamó mandataria en una sesión del senado con una minoría de los legisladores, del cual además, no era presidenta, sino vicepresidenta.
El cargo le correspondía a la presidenta de ese cuerpo colegiado de representación popular, Adriana Salvatierra, del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales, pero le impidieron los militares ingresar al Senado.
La CIDH consideró grave que Áñez haya otorgado impunidad a la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y los policías, porque con ello agraviará a las víctimas y sus familias.
El organismo denunció el excesivo y desproporcionado uso de la fuerzas, pues los cuerpos de seguridad masacraron a ciudadanos quienes se manifestaban desarmados, pacíficamente contra el golpe de estado y fueron agredidos con armas de fuego.
En México las declaraciones de la CIDH pasaron desapercibidas. No recibieron la cobertura dada a las de Luis Almagro cuando sin pruebas denunció un fraude en la elección presidencial boliviana y después negó el derrocamiento de Morales.
