*De 38 mil MDP la inversión requerida pasó a 90 mil millones y se terminará en 2024.
GABRIEL L. VILLALTA
El proyecto del Tren Interurbano México-Toluca se convirtió en un completo catálogo de improvisación, ineptitud, pésima planeación, corrupción, despilfarro, ineficacia, daños ambientales y peor ejecución.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dependencia del Poder Ejecutivo Federal que en el anterior sexenio diseñó, licitó, financió y ejecutó el proyecto, anunció que la inversión aprobada en 2014 para la obra que pretende unir a la capital del país con la del Estado de México será de poco más de 35 mil millones de pesos.
La ejecución del proyecto al ciento por ciento y la puesta en servicio del medio de transporte masivo debía estar lista en el otoño de 2017, pero la mala planeación, ineficacia y corrupción elevaron el monto hasta los 90 mil millones de pesos, además de que el tren entraría en operación hasta el 2024, último año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Conflictos por el no pago de tierras expropiadas para la ruta del tren, pagos a quienes no tenían derecho a indemnización por no ser dueños de tierra, amparos, bloqueos de las obras, accidentes con trabajadores de la construcción muertos, dudas sobre la seguridad de las vías por donde correrán los vagones, vagones comprados de más y severos daños ambientales enmarcaron la ejecución de la megaobra.
Ahora el titular de la SCT, Javier Jiménez Espríu, planteó la posibilidad de entregar el proyecto a la iniciativa privada, para que lo termine y opere, para lo cual debería invertir al menos 30 mil millones de pesos para terminarlo y ponerlo en servicio.
Al parecer el criterio del Poder Ejecutivo Federal se apoya en la sabiduría popular que recomienda que, de lo perdido, lo que aparezca, pues difícilmente encontrará empresarios valientes que quieran reembolsar a las autoridades el total de lo ya gastado en este barril sin fondo, y lo más seguro es que acepten el tren Interurbano en condiciones excesivamente favorables para sus intereses, pues la SCT ya no quiere queso, sino salir de la ratonera en que se convirtió este megaproyecto del ahora expresidente Enrique Peña Nieto.
En este contexto deben ubicarse y explicarse las investigaciones contra el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, que lleva a cabo la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con vista a la Fiscalía General de la República (FGR).
El proyecto presentado como la solución a los problemas del transporte de cientos de miles de mexiquenses del Valle de Toluca que laboran o estudian en la Ciudad de México y de los capitalinos que trabajan en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca se convirtió en un fuerte dolor de cabeza para las nuevas autoridades federales.
Ahora no están en condiciones presupuestales y financieras para terminar la obra y operar el transporte masivo, pero tampoco quieren perder toda la inversión aplicada en el megaproyecto, que de todos modos si lo malbaratan será a costa de los contribuyentes y a favor de los grandes empresarios que pueden negociar la transferencia proyecto desde una fuerte posición ventajosa por los problemas del Ejecutivo Federal.
