OTRA VUELTA DE TUERCA AL
DESCRÉDITO DEL P. JUDICIAL
PREOCUPA LA CONVALIDACIÓN DE UNA SITUACIÓN
IRREGULAR POR PARTE DE 33 MAGISTRADOS DEL TSJ
Diversos especialistas consultados por este semanario sobre la elección del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia y de su Consejo de la Judicatura, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, coincidieron en señalar su inelegibilidad, no sólo para el más alto cargo del sistema de impartición y administración de justicia, sino también para ser magistrado: no debió ser designado en 2010 como parte del cuerpo de magistrados.
Su condición de director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anahuac México, cargo directivo de tiempo completo altamente remunerado en una empresa privada, lo inhabilitaba para ser magistrado. Su situación legal era indefendible entonces, como lo siguió siendo durante nueve años.
Se trató de un claro caso de desprecio a la Ley Orgánica del Poder Judicial por parte de del ahora cabeza del Poder Judicial, de quienes lo propusieron, de quienes ratificaron la propuesta, del presidente del TSJ de ese tiempo y del último, y especialmente del Consejo de la Judicatura de esos nueve años, encargado de vigilar el respeto a esa norma específica, sólo aplicable al interior de la relevante institución.
Fueron muchos los responsables de permitir la violación a la legalidad en el caso del arribo de Sodi Cuellar al TSJ, pero lo más grave, preocupante y delicado ocurrió la noche del martes 7 de este mes por parte de 33 magistrados, quienes fueron más allá y decidieron, presuntamente en forma libre, convertir en su jefe a quien durante 9 años desacató el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La aplicación del método de votación secreta, un innegable avance en cualquier proceso de democratización, en este caso se convirtió en un factor que fortaleció la opacidad en una institución señalada, precisamente, de opaca, porque ahora no sabemos quiénes fueron los 32 magistrados -es claro que el beneficiado votó por él- que profundizaron la ilegalidad de la presencia de Sodi Cuellar en el Poder Judicial mexiquense y garantizaron su impunidad por lo ocurrido durante nueve años.
No será saludable para la administración e impartición de justicia esta larga relación de infracciones a la norma en la institución encargada de aplicar las leyes, porque la mayoría del cuerpo de magistrados decidió aplicar “borrón y cuenta nueva” a la ocupación simultánea de dos plazas de tiempo completo por parte de su preferido en la lucha interna por la presidencia del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura.
Sodi Cuellar renunció en los últimos meses a su cargo directivo en la Universidad Anahuac México, pero el alejamiento de esa institución de estudios superiores vinculada en sus inicios al padre Marcial Maciel, y a los Legionarios de Cristo, no desvanece su violación al artículo 22 de la ley interna del TSJ.
No sólo se trató de una ilegalidad, sino también de una falta al elemental sentido común, porque nadie puede ocupar dos plazas de tiempo completo y de alta exigencia de atención personal por muchas horas todos los días. Lo hizo el ahora jefe del Poder Judicial mexiquense, quien a pesar de estos antecedentes está ahora en la cúspide del sistema responsable de aplicar las leyes a quienes las violan, apoyado por otros 32 magistrados que conocen bien el contenido del artículo 22 del Poder Judicial estatal. Hay motivos para preocuparse: reprodujeron en el TSJ los atropellos a la legalidad, propios en las elecciones de dirigentes del viejo “charrismo sindical priísta”.
