ENORME PODER PERSUASIVO DEL DINERO DADO A
MEDIOS INFORMATIVOS PARA OCULTAR PROBLEMAS
MAXIMILIANO CASTILLO R.
Es verdad de kilo esa de que todos somos profetas infalibles del pasado. Ahora todos los mexicanos en uso de razón conocen bien las atrocidades perpetradas por los gobiernos neoliberales (especialmente los de los dos últimos sexenios), contra los intereses de México y de las futuras generaciones.
No se conocieron en su momento porque la casi totalidad de los medios informativos cedieron a la tentación del abundante dinero distribuido a manos llenas desde la presidencia de la República a cambio de traicionar e incumplir sus responsabilidades profesionales de informar y examinar la realidad institucional, su comportamiento, omisiones, insuficiencias y actos contrarios al interés general.
Documentado; es decir, con facturas, el anterior gobierno federal, sólo directamente por la presidencia de la República, entregó a las empresas de medios informativos y a los más conocidos periodistas 60 mil millones de pesos, más beneficios en especie, como mansiones, ranchos, yates, vehículos de lujo decomisados a narcotraficantes y personal de seguridad. Aparte está el dinero repartido por PEMEX, CFE, IMSS, ISSSTE, gobierno de la CDMX y las cámaras del Congreso de la Unión.
Como el ejemplo más claro está una fastuosa residencia decomisada a un capo de capos, enclavada en una zona acantilada, en Acapulco, entregada a un magnate de medios informativos, como cortesía del poder público y caravana con sombrero ajeno, lo cual tuvo efectos erosionadores para el ejercicio la libertad de expresión en los medios informativos, que devino mercancía vendible.
La supresión total o parcial de estas prebendas explica el ocultamiento del proceso de acelerado e irresponsable endeudamiento del gobierno federal, que en sólo cuatro años, durante la gestión de Luís Videgaray Caso en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) elevó el pasivo en cinco billones de pesos, la misma suma que se había acumulado en toda la historia del país.
El dinero permitió igualmente omitir información sobre los 90 millones de hectáreas (40 por ciento del territorio nacional) concesionadas a empresas mineras y forestales, las compras y contratos de obras públicas con sobreprecios hasta niveles de crimen y la impunidad para los poderosos.
Menos se hicieron reportajes, mesas de análisis y debate para examinar la condonación de impuestos por más de un billón de pesos a los más ricos del país. Todo se omitió. El dinero de los contribuyentes, desviado a las cuentas bancarias de empresas mediáticas y periodistas consentidos del régimen tuvo un enorme poder persuasivo e inductivo de estas conductas. En forma convenenciera miraron para otra parte.
Por beneficios económicos fallaron deliberadamente en su obligación de hacer realidad el derecho constitucional de los mexicanos a estar bien informados. La supresión de la posibilidad de seguir obteniendo tanto dinero y otros apoyos desmesurados los volvió ahora críticos virulentos del poder público, inclusive exagerando o inventando errores de las nuevas autoridades federales. Y está bien que ahora asuman su papel, aun con exceso, pero estuvieron muy mal cuando callaron porque recibían mucho dinero.
