*Tendrá problemas graves el Poder Judicial si no corrige y anula primera convocatoria.
De la redacción
El Poder Judicial, cuando lo encabezaba Sergio Medina Peñaloza, violó la Constitución al convocar a un concurso para cubrir diez vacantes de magistrados, pues actuó con dolo al establecer requisitos que sólo podían cumplir los jueces quienes ya había tomado un curso de aspirantes impartido previo al proceso selectivo.
Se aplicó un requisito en forma retroactiva, para favorecer intereses creados en la integración del cuerpo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sostuvo Carlos Macedo Aguilar, líder de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México A. C.
En los mismos términos se expresó José Neira García, vicepresidente de la misma Confederación, la cual aglutina a todos los abogados postulantes organizados del país. “Si no anula el anterior proceso y convoca a uno nuevo, los aspirantes a magistrados de adentro y de afuera del TSJ excluidos podrán recurrir al amparo y ganarlo, porque en la primera convocatoria no pudieron participar, por la falta del requisito del curso impartido antes de la convocatoria”, alertaron ambos abogados mexiquenses.
Neira García apuntó que la reimpartición del curso deberá ser en las mismas condiciones de gratuidad dadas a los jueces aspirantes en la primera convocatoria, la cual, insistió junto con Macedo Aguilar, “debe quedar sin efecto”.
Ese curso lo impartió en forma gratuita la Escuela Judicial, pero sólo a jueces invitados, quienes de esta forma y llegado el momento serían los únicos que cumplirían con el requisito, en detrimento del derecho a ocupar los cargos de magistrados de quienes son ajenos al TSJ.
Criticaron que Medina Peñaloza, como titular de una institución dedicada a administrar e impartir justicia, procediera mal cuando estableció en la convocatoria requisitos que sólo podían cumplir los jueces que tomaron mucho antes el multicitado curso, porque privilegió a este personal del propio TSJ, en perjuicio de quienes se interesaban y se interesan en participar en el concurso.
Macedo Aguilar aseveró que el Poder Judicial debe ponerse a tono con los nuevos tiempos, porque está muy rezagado en materia de transparencia, y debe modificar igualmente su concepción patrimonialista de la Escuela Judicial (ya le cambiaron o le van cambiar de denominación).
La institución académica depende del Poder Judicial, pero su funcionamiento y operación corren por cuenta del presupuesto general del gobierno del Estado, y por ello “debe abrirse también a los abogados ajenos a su nómina”, propuso el entrevistado.
Macedo Aguilar comentó que de igual modo afectó a la imagen del TSJ la impresión arraigada de que la selección de diez jueces para convertirlos en magistrados fue una burda maniobra para favorecer intereses creados, “por eso debe anularse esa convocatoria y lanzar otra que coloque a los aspirantes en igualdad de condiciones, como lo establecen las leyes, para beneficio de la administración e impartición de justicia”, concluyó.
