1-Las autoridades deben revisar la forma en que las corporaciones de seguridad están combatiendo a la delincuencia organizada. En los últimos días sus grandes éxitos en la captura de importantes jefes criminales se revirtieron y terminaron en fracasos, al ser liberados por no ajustarse a las leyes los operativos para sus aprehensiones.
Quedó libre “El lunares”, presunto jefe de la organización delictiva “Unión Tepito”, de la Ciudad de México, aunque de inmediato reaprehendido por otro delito; y la pareja sentimental de “El Marro”, jefe del cartel de Santa Rosa de Lima, Guanajuato.
Esos errores no pueden continuar, porque no sólo favorecen la impunidad de los detenidos y liberados, sino también genera pérdida de credibilidad en las instituciones y envalentona a los delincuentes, para en conjunto resultar negativo para la sociedad y los gobiernos.
2-Parece que finalmente las legislaturas locales pospondrán o no designarán contralores internos a las universidades públicas. Ya demoraron mucho en hacer esas designaciones, declaradas legales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando resolvió una controversia que cuestionaba las facultades constitucionales de las legislaturas locales para hacer estos nombramientos. Autoridades de instituciones públicas de estudios superiores habían puesto el grito en el cielo por esta posibilidad legal, al considerarla violatoria de su autonomía.
Los partidarios de que se les nombraran contralores a las universidades públicas sostienen que los mismos celosos defensores de la autonomía guardaron y siguen guardando silencio ante el uso de esas instituciones por parte del anterior gobierno federal para “lavar dinero”, desviar fondos públicos y fomentar la corrupción, lo que violó en forma grosera esa misma autonomía.
