*En FGR 70 denuncias por 7 mil MDP gastados sin comprobar y deuda de 54 mil MDP.
De la redacción
Las autoridades estatales de salud, encargadas del Seguro Popular, no acreditaron la correcta aplicación de 7 mil millones de pesos en 2018. Esos recursos eran de carácter federal, pero ejercidos por los gobiernos de las entidades federativas. El problema es grave, pues el sistema abierto de salud atiende a 69 millones de mexicanos pobres.
Además, dejaron de cubrir deudas con proveedores por 54 mil millones de pesos, se informó en la presentación del nuevo Plan Nacional de Salud e inicio de la vida institucional del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
En la entidad mexiquense la deuda del Instituto de Salud del Estado de México con proveedores, particularmente de medicamentos y material de curación, más a contratistas, supera los 8 mil millones de pesos, informó el Legislativo Local.
Este pasivo persiste a pesar de que el gobierno federal en el último año del presidente Enrique Peña Nieto perdonó al organismo más de mil 200 millones de pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) descontado al personal y no entregado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de cuotas al ISSSTE.
Además, el gobernador Alfredo del Mazo informó que cuando recibió el mando estatal encontró un abasto de medicamentos del 30 por ciento y que costó mucho esfuerzo y dinero elevarlo al 65 por ciento. Se ignora cuál es la disponibilidad actual de fármacos.
Por presuntas irregularidades la Secretaría de Salud federal presentó ante la ahora Fiscalía General de la República (FGR) 70 denuncias penales, a las cuales se dará seguimiento desde el Poder Ejecutivo del país.
SIN SEGURIDAD SOCIAL 69 MILLONES
El titular del flamante Instituto de Salud para el Bienestar, Marco Antonio Ferrer Aguilar, dio a conocer que el 55 por ciento de la población total del país está excluido del sistema de seguridad social. Es atendido en el sistema abierto.
En términos absolutos representan 69 millones de personas, y el universo que atenderá el nuevo organismo, y que antes atendía (pero a 45 millones de habitantes) el desaparecido Seguro Popular.
La Secretaría de Salud informó igualmente que en la escasez de medicamentos para curar cáncer de niños se dio un claro sabotaje de parte de la única empresa que los producía, a la cual se sancionó por irregularidades.
Se negó a vender el fármaco. Adujo que no podía producirlo por la clausura a su planta, pero se trató de una presión, porque tenía inventarios y no los quiso vender, para ocasionarle problemas al gobierno con los familiares de los pequeños enfermos.
Ante el sabotaje y chantaje se tuvo que buscar el medicamento en el extranjero y se encontró en Francia, pero dio lugar a una campaña de desprestigio en muchos medios contra las nuevas autoridades, porque no licitaron las compras, y sobredimensionaron las fallas en su distribución a los hospitales.
