EL CASO DE IXTAPAN, URGIDO
DE INDAGACIÓN Y SANCIÓN
CONTRALORÍAS MUNICIPALES NO ACTÚAN CONTRA EDILES
La noticia de lo ocurrido en Ixtapan de la Sal rebasa con mucho el ámbito institucional y político de ese balneario, donde tienen residencias de descanso poderosos políticos actuales y del pasado reciente.
En el ayuntamiento de ese municipio sureño se registró un desacuerdo entre el alcalde Juan Antonio Pérez Quintero y el contralor municipal, Miguel Ángel Méndez Pavón, cuyo motivo fueron presuntos actos de corrupción y nepotismo, cuyo desenlace fue el despido del funcionario de designación, quien no enmudeció, sino contraatacó y denunció formalmente a su jefe ante la Contraloría del Poder Legislativo por presuntos actos de corrupción y nepotismo.
En este enredo ambos quedaron señalados de perpetrar dos de los tipos de delitos que más se están combatiendo en el gobierno federal, lo cual ya constituye noticia, porque no hay precedentes de algo parecido, pues cuando se despide a un funcionario municipal no se informan los motivos de la decisión y el destituido se marcha y se lleva a la tumba las razones de su desempleo.
Lo ocurrido en Ixtapan de la Sal, donde tienen mansiones el ex presidente Enrique Peña Nieto, su ex secretario de Hacienda y Crédito Público y ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luís Videgaray Caso, el diputado federal Luís Miranda Nava y otros poderosos del pasado y del presente, llama la atención adicionalmente porque involucra a una área de escasa utilidad social para la población de los municipios: la Contraloría.
Estas dependencias tienen altas responsabilidades, pero en la práctica no reportan beneficios en la lucha contra la corrupción, el nepotismo, la ineficacia, ineficacia, la opacidad, el abuso de autoridad, las arbitrariedades y prepotencia de los miembros de los ayuntamientos y, menos, contra las de los alcaldes, de quienes los contralores se sienten empelados de ínfimo nivel.
Por estas circunstancias el caso de Ixtapan de la Sal es relevante, y las autoridades competentes, comenzando por la Contraloría del Poder Legislativo, que está estrenando titular, debe intervenir, investigar y sancionar, inclusive denunciar penalmente si los protagonistas del conflicto incurrieron en actos de corrupción y nepotismo, como recíprocamente se acusan el alcalde y su excolaborador.
Solo hay tres escenarios: que ambos sean responsable de cuanto se denuncia, que ninguno lo sea o bien que sólo uno haya cometido los delitos señalados, lo cual debe esclarecer la Contraloría del Poder Legislativo, pero además, lo ocurrido debe conducir a examinar a profundidad si no habrá llegado la hora de modificar el marco legal que regula las funciones de las contralorías municipales, y garantizarles ahora libertad para actuar frente a los ediles, para que sean eficaces y cumplan con sus obligaciones.
