*Cayeron en Isidro Fabela secuestradores y asesinos de la pequeña Fátima.
De la redacción
La tarde del día jueves 20 de febrero, en la comunidad de La Palma, del municipio mexiquense de Isidro Fabela, fueron capturados los presuntos secuestradores y asesinos de la pequeña Fátima de 7 años, abominable crimen perpetrado en la alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México. Los aprehendió la Guardia Nacional, con la colaboración de fuerzas policíacas del Estado y capitalinas.
El atroz hecho conmocionó al país e intensificó la lucha de las mujeres por su derecho a una vida libre de violencia, y por la investigación, esclarecimiento de los feminicidios y castigo a los culpables, quienes inicialmente fueron llevados a la fiscalía de Atizapán de Zaragoza.
En los últimos cinco años las muertes violentas intencionales de mujeres en el país crecieron cerca de 400 por ciento más que el porcentaje de los hombres, en una situación urgida de freno y reversión, así como de castigo a los feminicidas.
Año con año estos homicidios dolosos y su modalidad de feminicidio han aumentado casi 5 veces más que el crecimiento demográfico, y como ocurre con las muertes violentas intencionales de los hombres, el grado de impunidad es alto, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Un análisis de “El Espectador a las estadísticas del SESNSP indica que durante 2019 los feminicidios crecieron más del 9 por ciento en comparación con 2018 y superaron por primera vez el número de mil, el mayor contabilizado en la historia.
La atrocidad de las muertes de mujeres, incluyendo niñas, como ocurrió con la pequeña Fátima, de siete años, en la Ciudad de México, sacudió y enardeció a la sociedad mexicana, cuyos grupos organizados de mujeres han protestado con energía afuera de Palacio Nacional.
Por casi todo el territorio se encuentran cuerpos de mujeres asesinadas con saña, por lo que el reclamo de contención y reversión del fenómeno criminal es justo y las autoridades deben atenderlo y satisfacerlo, aun cuando no se efectúen marchas y pintas, ni se registren expresiones violentas de pequeños grupos de mujeres que participan en las numerosas manifestaciones.
En este panorama de derramamiento de sangre de niñas, adolescentes, adultas y féminas de la tercera edad las autoridades deben asumir su responsabilidad, porque es reducido el número de feminicidas capturados y condenados.
No obstante, es igualmente reprobable la mezquindad de quienes en su afán de recuperar sus privilegios que tenían en el anterior gobierno lucran políticamente con la tragedia de las familias, en un agravio adicional a las víctimas y su entorno afectivo.
La abrumadora mayoría de las manifestantes ignoran que el feminicidio es un delito del fuero común, y no corresponde perseguirlo a la Fiscalía General de la República (FGR), sino a las fiscalías estatales, a quienes ni siquiera mencionan.
Los grupos de provocadores sí lo saben, pero insisten en señalar al gobernante federal como culpable de lo que está ocurriendo, porque responden a intereses mezquinos, que buscan lucro político, y en forma condenable aprovechan los feminicidios atroces para sus planes de restauración del régimen corrupto que los enriqueció.
