*Los asalariados tienen derecho a inconformarse con reparto de utilidades.
De la redacción
Los efectos perniciosos, depredadores de la intermediación en la contratación de trabajadores fueron numerosos y multiplicadores en perjuicio de éstos: suprimió ilegalmente conquistas ganadas en décadas de lucha; entre ellas, la de inconformarse con el reparto de utilidades, advirtió Roberto Ramírez Ríos, abogado laboral.
El entrevistado es de los que considera positivo que las empresas contraten con otras personal especializado para tareas no permanentes, porque los centros de trabajo no cuentan con técnicos altamente capacitados para determinadas tareas eventuales, y tampoco pueden formarlos ni contratarlos permanentemente.
Se entiende esta situación y es legal, lo permite enmarco jurídico del trabajo, y creo que se equivocan quienes exigen que se termine con el “outsourcing” a rajatabla, sin diferenciar las necesidades permanentes de personal de las empresas, de las temporales de trabajadores de alta calificación, detalló el especialista en derecho laboral.
“Lo que ocurrió en México y que daño a los trabajadores fue que se permitió, protegió, inclusive alentó a las empresas intermediarias dedicada a proporcionar trabajadores a otras, pero al margen de la ley. Lo que hicieron fue ilegal, y con ello dañaron a los asalariados, al fisco, al Seguro Social, al ISSSTE y al Infonavit”, ilustró Ramírez Ríos.
El entrevistado aseveró que no se conocen a detalle las consecuencias de esta forma depredadora de los derechos de los asalariados, y que afecta en estos momentos a entre 5.5 y 6 millones de trabajadores y propicia competencia desleal entre patrones que cumplen cabalmente con sus obligaciones y los que las evaden con el “outsourcing”.
“Les suprimieron su derecho a inconformarse con el monto de las utilidades a repartir. Está garantiza en la Ley Federal del Trabajo que los trabajadores y los sindicatos pueden objetar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las declaraciones anuales de las compañías donde labran, si sospechan que alteraron gastos para reducir ilegalmente las utilidades”, recordó.
No obstante, al contratar personal a otra empresa, sus declaraciones anuales no pueden ser cuestionadas por ese personal, porque sencillamente en forma ilegal no es suyo, al no estar en sus nóminas, aunque trabajen para esos patrones. En estas condiciones, no pueden ejercer un derecho ganado en muchos años de lucha, reiteró Ramírez Ríos.
“Debemos ser sinceros: no siempre los sindicatos o grupos de trabajadores ejercían ese derecho, pero podían y pueden hacerlo, porque la garantía no se suprimió, sino que es burlada por la intermediación ilegal, y es lo que debe terminar, consideró.
Recordó que no fue por casualidad que al extender el “outsourcing” la evasión y elusión fiscales crecieron mucho, porque la posibilidad legal de los trabajadores a cuestionar las declaraciones fiscales anuales de las empresas se suprimió: inhibía el uso de facturas falsas y la inflación de costos de producción y administración, concluyó.
