La Devolución de los Tiempos Oficiales y la Oposición de Medios a la 4T

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LA DEVOLUCIÓN DE LOS TIEMPOS OFICIALES

Y LA OPOSICIÓN DE ALGUNOS MEDIOS A LA 4T

MAXIMILIANO CASTILLO R.

La decisión del presidente AMLO de devolverle a los concesionarios de estaciones de radio y canales de televisión los tiempos fiscales para que puedan comercializarlos parece inoportuna y deja la impresión de que fue doblegado por las campañas de desprestigio desplegadas en los noticieros y espacios de reflexión de esos medios informativos. Les suprimió la publicidad, pero les regalo tiempos del gobierno.
Entre los círculos de izquierda, esa decisión fue interpretada como un premio a las empresas que lo combaten con mentiras, calumnias y desinformación, y buscan generar decepción entre los mexicanos hacia el gobierno federal y la 4T, con el riesgo de que ésta nueva concesión ensoberbezca más al poder fáctico mediático y le exija más privilegios; sobre todo, porque casi todos los medios informativos forman parte de los intereses plutocráticos que se apoderaron del país en el periodo neoliberal, mediante la corrupción, los privilegios y las concesiones de bienes nacionales.
Además, sorprende que lo haga ahora en tiempos de pandemia y cuando el gobierno más necesita de esos espacios en canales de televisión y estaciones de radio para informar y difundir información sobre el virus, instruir a la población y reforzar los mensajes de prevención. Si no los usaba era una grave omisión, pero debió aprovecharlos.
Ningún gobierno neoliberal se atrevió a tanto, aunque VFQ redujo el denominado tiempo fiscal del 12.5% a solo 1.25%. Y ese es el que les devolverá AMLO. Y fue más allá, pues consideró que los poderes Legislativo y Judicial deben hacer lo mismo. Su argumento de que un gobierno que habla con el pueblo no necesita propaganda puede parecer cierto, pero ese tiempo pudo destinarse también a desmentir las calumnias propagadas por los propios medios ahora beneficiados.
No recién se anunciaba la devolución, los beneficiados ya estaban exigiéndole una reforma a la Ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión para legalizar la comercialización de esos tiempos liberados, porque el decreto no puede aplicarse sin esos cambios legales.

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