*Los problemas generados por el Covid-19 motivó esta decisión del órgano fiscalizador.
Los 125 ayuntamientos mexiquenses dispondrán de un mayor plazo para entregar sus informes mensuales correspondientes a enero, febrero y marzo, inclusive desde el lunes de la semana pasada ya no se recibió esta documentación.
La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la 60 Legislatura Local incluyó esta medida entre otras para contribuir a los esfuerzos destinados a proteger a las personas de los riesgos del contagio de coronavirus Covid-19.
Con esta decisión se aportará a las acciones puestas en marca por los gobiernos federal y estatal para contener el virus denominado Covid-19 y así salvaguardar la salud de los servidores públicos y de quienes acuden a realizar trámites y requieran atención, ante Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
Precisó que se ajustó las fechas de entrega de los Informes Mensuales Municipales de enero, febrero y marzo de este año, y que la Oficialía de Partes solo recibirá promociones urgentes.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado con recomendaciones relativas a evitar la propagación de la pandemia, y la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura también acordó diversas acciones, aspectos que, a su vez, fueron considerados por la auditora superior del OSFEM, Miroslava Carrillo Martínez, quien emitió una medida similar para proteger el derecho a la salud.
El acuerdo expresa que se suspenderá del lunes 23 marzo al viernes 17 de abril de este año la entrega de los Informes Mensuales Municipales de enero y febrero del actual ejercicio, los cuales serían recibidos en la Oficialía de Partes del Órgano el 30 de este mes y el 16 de abril, respectivamente.
El nuevo plazo para cumplir con la obligación de los 125 ayuntamientos y sus entidades fiscalizables será el 7 de mayo, día en que también deberán entregar el Informe Mensual de marzo en un horario de las 9:00 a las 18:00 horas.
El acuerdo expone que, si hay desacato a los nuevos términos de entrega, las entidades fiscalizables obligadas podrían ser sujetas a los medios de apremio establecidos en el artículo 59 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
Asimismo, las actividades jurisdiccionales y administrativas, tales como audiencias y términos procedimentales, se ajustarán a un nuevo convenio, en tanto que las capacitaciones internas y conferencias también serán reprogramadas, señala el documento firmado por la auditora superior.
