*El OSFEM basó su dictamen a la Cuenta Pública estatal en revisiones de gabinete.
De la redacción
Los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo, organismos autónomos y auxiliares no quedaron liberados definitivamente de responsabilidades, aun cuando se haya aprobado la Cuenta pública de 2018.
Pueden fincárseles si se llegan a determinar más adelante por las autoridades de fiscalización y control estatales y federales, se estableció en el artículo 11 del decreto de aprobación de la 60 Legislatura del gasto público estatal del citado año.
“La revisión, fiscalización y calificación de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México del Ejercicio Fiscal 2018 no implica la liberación de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar con Posterioridad”, aclaró el decreto.
En seguida destacó que si las autoridades de control y/o fiscalización federales y estatales encuentran causales de responsabilidades en el ámbito de su competencia; o bien de aquellas que pudieran resultar de diversas auditorías o revisiones que en ejercicio de sus atribuciones realice el OSFEM, podrán hacerse efectivas al margen de la revisión y fiscalización que condujo a la calificación de esa Cuenta.
INSUFICIENTE REVISIÓN DEL OSFEM
La Comisión (legislativa) de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, que propuso al Pleno de la representación popular mexiquense aprobar la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México, consideró que el ente fiscalizador “no contó con los elementos necesarios para comprobar de forma completa y suficiente lo previsto en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México”.
Explicó las causas de esta situación: “El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México únicamente proporcionó a la Comisión información de índices de cumplimiento financiero (el ejercicio de los recursos por entidades públicas en apego a disposiciones normativas generales y locales), desempeño de programas presupuestarios y avances en la armonización contable”.
Estos índices “tienen como consecuencias hallazgos y recomendaciones, dado que se originaron sólo a partir de revisiones de gabinete. Sin embargo, la fiscalización a fondo -que se hace en sitios, compulsando información original, mediante inspecciones físicas y recolectando evidencia competente y pertinente- fue mínima para el gasto estatal”, se asentó en el decreto correspondiente a la Cuenta Pública de 2018.
Sólo “se incluyeron en el informe de resultados del OSFEM 6 auditorías financieras, 4 auditorías de obra practicadas a organismos auxiliares, y 4 investigaciones”, las cuales arrojaron 91 observaciones por mil 774 millones de pesos, de las cuales 11, por un monto de mil 257 millones, fueron solventadas.
No obstante, aun con el visto bueno a esa Cuenta, si se encuentran irregularidades, los funcionarios de estos casos podrán responder por responsabilidades.
