ESCLARECER POR QUÉ GASTO
OPERATIVO ES TAN ONEROSO
EL PODER LEGISLATIVO, OBLIGADO A FISCALIZAR
CON RIGOR LA APLICACIÓN DEL GASTO OPERATIVO
No se necesita ser egresado de un doctorado en finanzas de la Universidad de Harvard para entender que algo anda mal y falla la eficiencia, eficacia, austeridad y transparencia en la aplicación de los fondos públicos destinados a la partida o concepto de “gasto operativo” del Poder Ejecutivo del Estado. Se trata de un monto excesivamente elevado.
De acuerdo con el análisis comparativo de “El Espectador” a los grandes renglones del presupuesto del año pasado, el monto de esa partida casi llega a los 55 mil millones de pesos, suma superior a los 50 mil millones de pesos destinados en 2019 a los 125 gobiernos municipales. Estos fondos son inferiores en 4 mil 540 millones de pesos a la primera suma.
Como bien lo advierte el examen de Gabriel L. Villalta al gasto en cuestión, los 50 mil millones de pesos de las participaciones y aportaciones fueron entregados a los 125 ayuntamientos. Y un alto porcentaje de esos gobiernos financia hasta el 90 por ciento de sus respectivos presupuestos con esos fondos, los cuales globalmente son inferiores a los que el Poder Ejecutivo erogó tan solo en “gasto operativo”.
Estamos ante un gobierno que gasta mucho y mal, porque adicionalmente a los previsto en la Ley de Ingresos del Estado de México, recibió 34 mil 412 millones de pesos. Fueron tantos los ingresos estatales que ni siquiera alcanzó a gastárselos en un Estado con más del 70 por ciento de su población con ingresos inferiores a los necesarios para comprar la canasta básica recomendable, definida por el Centro Multidisciplinario de Investigación de la UNAM.
Más dinero no se tradujo en un mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y no olvidar que se trata de un gasto público estatal del año pasado; es decir, cuando todavía no se padecían los efectos desastrosos en la salud, vida y economía ocasionados por la pandemia del Covid-19.
Es una administración onerosa para la comunidad estatal, y marcha a contracorriente de la eficacia, transparencia y austeridad republicana que impulsa el gobierno de la cuarta transformación, y por eso mismo resulta indispensable e inaplazable que el Poder Legislativo, antes subordinado al Poder Ejecutivo, ahora comience la revisión y fiscalización del gasto público de 2019 por el monto destinado a “gasto operativo”.
No puede, ni debe evadir su obligación constitucional, moral y política de esclarecer por qué cuesta tanto el gobierno, pues esos 55 mil millones de pesos son distintos a la partida del gasto corriente destinado al pago de la nómina, adquisiciones y obras públicas. Es mucho dinero que indica claramente que tenemos un gobierno excesivamente costoso.
Otro referente útil para ubicar en su justa dimensión el monto del “gasto operativo” es el de las obras públicas o “gasto de inversión”, que tiene efectos benéficos directos en las condiciones de vida de la población, y que el año pasado apenas superó los 30 mil millones de pesos; es decir, 25 mil millones menos que monto del “gasto operativo”.
