*En el último año del sexenio de Peña Nieto el quebranto fue de 60 mil MDP.
De la redacción
Las autoridades federales no tenían interés en frenar el robo de combustibles o algunos segmentos de funcionarios participaban directamente en estas actividades ilícitas porque la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) no sufría un quebranto patrimonial: lo pagaban todos los mexicanos.
El monto económico de las gasolinas robadas de los ductos de la empresa productiva del Estado se descontaba de la suma repartida a los estados como participación en los ingresos excedentes petroleros.
“Se calculaba el daño a las finanzas de la empresa y después se prorrateaba entre las entidades federativas, para descontarlo de la parte que a cada una le correspondía por este concepto”, recordó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El robo de combustible en la tubería de conducción de gasolinas y en el interior de las instalaciones petroleras, incluidas las refinerías (llegaron a instalar tuberías y tomas para extraer combustibles al margen del sistema de distribución legal) aumentó año con año.
El mandatario narró que asistió a una reunión de gobernadores, convocada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para darles a conocer cuánto se repartiría a los estados por ingresos provenientes de los excedentes petroleros.
“No quería ir, pero me convencieron de que fuera, porque le convenía a mi gobierno” (del entonces Distrito Federal), detalló López Obrador. El monto a repartir era de 15 mil millones de pesos, les informó la dependencia, pero el problema era que de esa suma había que descontar 12 mil millones de pesos, que representaba la pérdida de Petróleos Mexicanos por el robo de combustibles.
De la alta suma sólo quedan 3 mil millones de pesos. Quienes robaron combustibles ese año obtuvieron ganancias ilícitas tres veces mayores que el monto entregado a las 32 entidades federativas.
La pérdida por las actividades delictivas conocidas después como “huachicol” fueron transferidas al total de los mexicanos, porque los 12 mil millones de pesos hubieran sido destinados a resolver necesidades sociales y se quedó en las cuentas bancarias de los delincuentes organizados y en las de la delincuencia organizada de “cuello blanco”, integrada por funcionarios corruptos.
El monto del daño patrimonial a PEMEX fue creciendo año a año, hasta llegar a los 60 mil millones de pesos del último del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero el mecanismo de amortiguación de las perdidas no cambió: se siguió descontando de las participaciones a los estados en los ingresos de los excedentes petroleros.
Es decir, lo pagó el pueblo, quien se vio privado de obras y servicios públicos que pudieron costearse con los recursos utilizados para compensar las pérdidas ocasionadas a Petróleos Mexicanos por los “huachicoleros” de afuera y adentro del gobierno.
