*No necesita reforma, ni inspectores para conocer monto y origen de riqueza.
De la redacción
“El país tiene muchas buenas leyes, pero no se cumplen, y por eso se proponen nuevas, que son innecesarias, como la anunciada por el dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar para conocer montos y origen de las fortunas de particulares, cuando el Estado Mexicano dispone de numerosos instrumentos legales para ese fin”.
Ricardo Manzo Navarrete, fiscalista y dueño de un despacho contable, comentó así la polémica que generó hace unos días la propuesta del legislador federal con licencia y representante provisional del Movimiento de Regeneración Nacional.
Las fortunas de origen ilícito se han protegido desde el gobierno. No se procedió contra sus dueños, y habría que pedirles explicación por esa omisión generalizada a favor de los ricos, que contrastó con el rigor de las leyes fiscales aplicadas a los trabajadores, medianos, pequeños y microempresarios, sostuvo el especialista.
Como secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso prohibió los cheques al portador que antes tenían un límite de hasta diez mil pesos. “Los dejó en 5 mil, con el pretexto de la lucha contra el ‘lavado de dinero’, como si quienes se enriquecían y enriquecen con actividades ilegales de la delincuencia organizada común y de “cuello blanco” lo hicieran con cheques al portador por diez mil pesos”, recordó.
La Secretaría de Hacienda simuló con esta medida que combatía las operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero en realidad solo benefició al sistema bancario a costa de los clientes, porque “ahora para sacar 5 mil un pesos con cheques al portador se deben expedir dos, no uno, y se debe cubrir un ciento por ciento más de comisión que antes, mientras las fortunas ilícitas se siguen blanqueando”, recalcó.
Manzo Navarrete explicó que hay mecanismos para conocer montos y origen de todas las fortunas, porque los depósitos de dinero en bancos y los retiros quedan registrados en los estados de cuentas mensuales, con montos y origen, y sirven de base para las declaraciones fiscales.
Está igualmente la Unidad de Inteligencia Financiera, para rastrear las operaciones sospechosas en ingresos de personas y empresas, inclusive tiene capacidad tecnológica y facultades legales, junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para detectar empresas “fantasma”, utilizadas esas sí para “lavar” dinero.
Están igualmente las declaraciones patrimoniales anuales de los servidores públicos y los registros estatales de la propiedad, pero en el primer caso nunca declaran los bienes adquiridos mediante la corrupción; y en el segundo, el problema es que ponen sus fortunas a nombres de terceros.
El especialista insistió en que no se requieren reformas legales para combatir el enriquecimiento ilícito, sino aplicar la ley, y que no proteger a los delincuentes, por lo que Ramírez Cuellar generó debate innecesario. “Además, como la tos, las fortunas no puede ocultarse”, concluyó.
