GOBERNADORES, DECISIVOS EN
LA GENERACIÓN DE PROGRESO
MANDATARIOS ESTATALES, PRIMEROS RESPONSABLES
DE DAR SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA A SOCIEDAD
Una arraigada subcultura del paternalismo, consistente en esperar que el presidente de la República de solución a todos los problemas del país, no permite entender que resolver la mayor parte de los mismos es obligación de los gobernadores y presidentes municipales. Muchos mexicanos y mexicanas ignoran esta realidad, pero un pequeño grupo activo en política sí lo sabe bien, pero lo oculta en forma dolosa y oportunista para obtener lucro político en su estrategia de golpear y frustrar los propósitos del nuevo gobierno federal.
Esta distorsión deliberada del sistema constitucional, de la división de poderes, de la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios es notoria en quienes en forma irresponsable tratan de aprovechar en beneficio de sus intereses políticos y económicos la justa lucha de una amplia franja de la población mexicana en demanda de seguridad pública y justicia. La bajeza llega a tanto que lucran también con el Covid-19.
La inseguridad pública y su expresión más brutal: las muertes violentas intencionales de mujeres, preocupa e irrita justificadamente a la sociedad, la cual reclama la restauración de las condiciones de seguridad, tranquilidad, justicia y de todas las condiciones indispensables para la convivencia armónica de quienes habitan el territorio nacional.
No obstante, por mala fe, hay quienes se infiltran en los movimientos de inconformes, para utilizarlos en forma mezquina, como son los casos de las protestas contra los feminicidios y la exigencia de justicia directamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando saben bien que la prevención de este delito, su esclarecimiento, persecución, captura y castigo a los culpables es obligación de los gobernadores, por tratarse de un delito del fuero común, no del fuero federal.
En el caso de la prevención de los delitos, en gran parte es de las autoridades municipales, pero la inconformidad justificada, con dolo se canaliza mal: los incapaces de evitar los delitos del fuero común son las autoridades de las entidad federativas y de los municipios, a quienes ni siquiera se mencionan en las protestas, porque quienes actúan de mala fe no buscan solucionar la grave problemática, sino enajenarle respaldo popular al gobierno del tabasqueño, en un ruin uso de las preocupaciones sociales.
Lo mismo ocurre en otro plano con el estancamiento de la economía: lo atribuyen directa y exclusivamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando la generación de riqueza y progreso es una responsabilidad compartida con los gobiernos federales y municipales, lo que no se informa y se oculta intencionalmente, porque así conviene a quienes trabajan arduamente desde sus medios informativos por la restauración del régimen corrupto que los privilegió y benefició.
Las autoridades de los estados y los municipios son y deben ser decisivas tanto en el combate a la inseguridad pública y la procuración y administración de justicia, como en la lucha anticorrupción y el crecimiento de la economía. Por ello la lógica indicaría que también deberían ser objeto de reclamos y exigencia de solución a estos problemas.
En forma inexplicable eso no aparece en las manifestaciones de protesta, porque no pocos de sus organizadores no buscan la superación de lo que ocurre, sino pretextos para aplicar su estrategia de desgaste del gobierno de la cuarta transformación, lucrando vilmente con las justas preocupaciones ciudadanas.
