*De 147 mil delitos graves denunciados, FGJEM logró sólo 6 mil 389 condenas.
GABRIEL L. VILLALTA
A pesar de la reducción del 13 por ciento en el robo de vehículos y de 9.8 por ciento en el de transporte público de pasajeros, el año pasado la incidencia delictiva en la entidad fue alta. Y lo más grave: se denunciaron menos del 5 por ciento de los hechos criminales. La impunidad de los criminales alcanzó el 95.7 por ciento.
Cada hora se abrieron 41 carpetas de investigación, para un promedio de 984 diarias y de 29 mil 500 mensuales, sumando en total 354 mil en el 2019, de acuerdo con un análisis de “El Espectador” a los datos contenidos en el informe presentado al Poder Ejecutivo por el fiscal general de Justicia del Estado, Alejandro Gómez Sánchez.
Los 354 mil ilícitos son muchos, pero representan una ínfima parte de los perpetrados en suelo mexiquense en 2019, porque 95 de cada cien no fueron puestos al conocimiento de las agencias del ministerio público, según estudios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Una simple operación aritmética indica que de cada millón de delitos apenas 50 mil se denuncian, lo cual indica que la comunidad estatal no fue víctima el año pasado de 354 mil ilícitos, sino de siete millones, sobre los cuales debe calcularse la verdadera impunidad. Dicha falta de castigo queda garantizada de antemano para los autores de 950 mil ilícitos por cada millón, porque éstos no son siquiera registrados como carpetas de investigación.
Las sentencias condenatorias no representan ni el 0.1 por ciento de todos los delitos perpetrados en el territorio estatal, de ellos apenas se denuncia el 5 por ciento. Y del total de éstos, sólo poco más del 4 por ciento termina con una sentencia condenatoria, a las cuales todavía deben restarse las resoluciones revocadas por el Poder Judicial de la Federación en los juicios de amparo.
Esta situación es doblemente perniciosa para la sociedad mexiquense, porque se combinan dos realidades graves: la alta incidencia delictiva en tierras estatales; y el mayor porcentaje del país de cifras negras, como se le conoce a la parte del universo delictivo no denunciada, cuyos culpables no pisan ni la agencia del ministerio público ni mucho menos la cárcel.
LAS DEFICIENCIAS DE CADA INSTITUCIÓN.
Por desconocimiento y una larga y errónea tradición en el análisis de los temas de procuración y administración de justicia, el aumento o reducción de los delitos se atribuyen siempre a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a la cual muchas personas todavía le dicen “Procuraduría”.
La institución autónoma tiene muchas deficiencias y debe criticársele su baja eficacia en la integración y consignación de las carpetas de investigación. De la misma forma debe cuestionarse el reducido número de sentencias condenatorias que obtiene cada año, incluso la falta de confianza ciudadana, por lo cual no se denuncian los delitos.
No obstante, prevenir (evitar) los delitos no es su obligación, sino de la Secretaría de Seguridad y de las policías municipales, lo cual no se ha entendido claramente por los ciudadanos quienes no exigen a esos niveles de autoridad actuar para evitar la delincuencia.
