*Muchos llevan hasta 20 años laborando sin seguridad en el empleo, ni prestaciones.
De la redacción
Sin ser motivo de debate en los medios, ni de preocupación para los dirigentes sindicales, cerca de 90 mil trabajadores del sector salud, destinado a atender a la población abierta, carecen del derecho a la salud.
Esta cruel paradoja data de muchos años, pero se agravó en los dos gobiernos del PAN y del priísta Enrique Peña Nieto, según información difundida en el escenario de la pandemia de Covid-19.
Las autoridades federales de salud no sólo abandonaron la infraestructura física para los servicios a la población excluida de los sistemas de seguridad social, sino también olvidaron la formación de los cuadros profesionales en la materia y más de los especialistas, dos de los factores que complicaron mucho el combate a la pandemia actual de coronavirus.
En el Estado de México y durante el gobierno de Eruviel Ávila Villegas se contrataron miles de trabajadores, pero no médicos, ni enfermeras y mucho menos especialistas. El gobierno de Alfredo del Mazo Maza tuvo que dar de baja a este personal que no tenía funciones específicas en el Instituto de Salud del Estado de México.
Los trabajadores de base siguen sosteniendo que nunca vieron a ese personal que consumió miles de millones de pesos en los seis años, sospechan que en realidad se trató de “aviadores” o, peor aún, de empleados inexistentes; es decir, inventados para saquear a la institución.
Esos cerca de 90 mil trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras, auxiliares de enfermeras y laboratoristas trabajan por contratos, y se renuevan, pero sin darles derecho a la antigüedad o prestaciones.
En el colmo de la explotación despiadada, se trata de personal destinado a atender la salud, pero ellos no tienen derecho a los servicios médicos y prestaciones del ISSSTE, ni a la posibilidad de jubilarse, porque sencillamente no aportan al régimen de seguridad social. Cobra con recibos, según se informó en una de las últimas conferencias sobre el Covid-19 y se les retienen los impuestos como el ISR.
Muy pocos lograron obtener la plaza definitiva o “la base”, como se le dice también, y quienes la consiguieron pagaron por algo a que tenían derecho por méritos propios, dado los años de servicios.
El presidente Andrés Manuel López ofreció darles la definitividad en el empleo, pero a lo largo de su sexenio y, aclaró, comenzará con los de mayor antigüedad, sin que influyan factores como las recomendaciones y mucho menos la venta o traspaso de plazas.
