1-Además de corrupto, el personal del segundo juzgado de distrito en materia penal, con sede en Toluca, habría sido muy tonto según el nuevo escándalo en el poder judicial: no se puso a pensar que los tiempos cambiaron y el PJF está empeñado en desterrar la corrupción; además, el caso particular acaparaba la atención de los mexicanos y los medios, por una serie de implicaciones.
2-Según se informó en un principio, presuntamente cobraron 2 millones de dólares por dejar libre a un inculpado. Ahora enfrentan problemas legales de tipo penal, precisamente la materia en que se especializa el juzgado donde prestan o prestaban sus servicios. El detonador de esta situación, José Ángel Casarrubias Salgado, presunto jefe del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, señalado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, supuestamente pagó un soborno de 45 millones de pesos por una libertad que sólo duró unos minutos, porque fue recapturado y arraigado en la Ciudad de México y seguramente será coacusado en el proceso por soborno o cohecho.
3-Si se arma bien la carpeta y se demuestran los ilícitos, los involucrados perderán sus plazas laborales, estarán presos, les decomisarán el dinero y quedarán estigmatizados. Perjudicarán incluso la imagen de sus familias.
