Un día la marchista Guadalupe “Lupita” González le confió a “El Espectador” que tenía pensado suspender temporalmente sus estudios universitarios para dedicarse de tiempo completo a sus entrenamientos para los próximos juegos olímpicos.
Poco después, en noviembre de 2018, se registró su problema con el esteroide anabólico “trembolona” y su suspensión, apelada ante las autoridades competentes, con resultado final adverso. Estará castigada hasta 2022 y no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, a pesar de que se pospusieron un año por la pandemia de coronavirus.
Es una lástima, porque no recurrió al dopaje para elevar su rendimiento. No obstante, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) consideró lo contrario y mantuvo la inhabilitación, por lo que como deportistas perderá la oportunidad de mostrar su calidad en la olimpiada, y México perderá una de sus cartas fuertes para esa justa deportiva.
González, una mujer sencilla, dedicada a su actividad, es subcampeona olímpica, campeona mundial de marcha en 20 kilómetros. Su caso lo agravó su primer abogado, porque presentó pruebas inconsistentes para demostrar la inocencia de la atleta, inclusive documentos falsos, lo cual incomodó a las autoridades sancionadoras.
