*Pondrán el grito en el cielo cuando sean notificados. *Tamaulipas aceptó usar facturas falsas.
MAXIMILIANO CASTILLO R.
El anuncio de un enérgico combate a la evasión fiscal y de las siete querellas iniciales contra 43 empresas, al final han sido 75, dedicadas a vender facturas apócrifas a compañías para evadir o reducir impuestos, recibió amplia cobertura en los medios informativos.
Se difundió el “modus operandi” de las llamadas “factureras” y de sus clientes evasores de gravámenes, pero no se puso énfasis en las actividades que desarrollan los involucrados. Se habló de empresas en general. El gobierno de Tamaulipas reconoció el uso de facturas apócrifas para justificar gastos.
Las 43 empresas demandadas inicialmente expidieron facturas falsas por 93 mil millones de pesos, y la defraudación fiscal, incluidas multas y recargos rebasa los 55 mil millones de pesos, de acuerdo con la información del procurador fiscal federal, Carlos Romero Aranda y la titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro.
Lo que no difundieron los noticieros de radio y televisión y los diarios impresos es que entre quienes usaron facturas falsas para no pagar impuestos sobre sus utilidades figuran, precisamente, empresa dueñas de medios informativos, partidos políticos, gobiernos estatales y autoridades municipales.
De la misma forma soslayaron o no le dieron la importancia debida al anuncio de que periodistas que ganan mucho dinero, también utilizaron facturas falsas para inflar sus gastos y reducir sus ganancias, con el fin de pagar menos o no pagar impuestos. Tampoco se difundió ampliamente que los partidos políticos utilizaron facturas falsas para justificar la aplicación de las prerrogativas y no pagar las contribuciones.
Las empresas de medios con muchos periodistas famosos eran proveedoras de servicios para los gobiernos federal -especialmente la presidencia de la República-, de los estados y municipios, y también de organismos como Pemex, la CFE, el IMSS, ISSSTE y las cámaras del Congreso de la Unión.
Se trata de sitios o páginas Web, cuya operación es barata, por ello sus ganancias son elevadas en comparación con la inversión, y algunos especialistas en el tema sostienen que en realidad se trata de mecanismos para saquear fondos públicos, a cambio de ocultar fallas de anteriores gobiernos, comenzando por la corrupción.
En esta circunstancias, debieron pagar muchos impuestos por sus altas utilidades, pero mediante el uso de facturas falsas deducían gastos por compra de bienes o servicios que no recibían, ello se les facilitaba adicionalmente por sus relaciones de amistad con los altos funcionarios del Poder Ejecutivo Federal y particularmente con los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Desde ahora se prevé que aduzcan represión a la libertad de expresión el cobro de impuestos.
Sus patrones también compraron facturas falsas para evadir al fisco, y al igual que todos los que recurrieron a estas maniobras delictivas con el mismo fin, serán notificados para que paguen los impuestos no cubiertos, más multas y recargos. Si acuden en los plazos fijados para ello podrían recibir disminuciones en los dos últimos conceptos. Partidos políticos y gobiernos estatales que usaron facturas falsas deberán corregir la evasión fiscal, de lo cual casi no informaron los medios informativos.
