*No hay mecanismos constitucionales para designar diputados: deben elegirse.
De la redacción
Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales en materia de elecciones, federales y locales de Hidalgo y Coahuila enfrentan un grave problema por las dificultades para llevar a cabo los procesos para elegir alcaldes, en el primer caso; y diputados locales, en el segundo.
La pandemia de Covid-19 dificulta la presencia de los votantes en las urnas, por el riesgo de contagio, pero el problema es que las elecciones son ineludibles, porque deben someterse a la decisión de los electores los cargos en disputa.
El mayor y complejo problema lo constituye el proceso para elegir legisladores locales de Coahuila, porque a diferencia de las autoridades municipales, no existen leyes que permitan designarlas, y las disposiciones constitucionales y electoral establecen claramente que si un ayuntamiento no se instala, que puede ser por renuncia de sus miembros o porque no se efectúen las elecciones, las legislaturas locales pueden designar cabildos temporales, con la figura de provisional o sustitutos.
En todo caso, los gobiernos municipales salientes deben cesar en sus funciones el día exacto en que termina el trienio constitucional, sin importar si se eligió o no a sus suplentes, y si por cualquier motivo no hubo elecciones, el problema queda en manos de la representación popular de la entidad federativa de que se trate.
No ocurre lo mismo con los diputados locales, porque estos cargos no pueden ser de designación; es decir, no hay autoridades con facultades constitucionales para nombrar legisladores, y en caso de no efectuarse las elecciones correspondientes, en Coahuila se presentaría una crisis constitucional, porque el gobierno no podría funcionar sólo con dos de sus tres poderes, al faltar el Legislativo, el único que puede fiscalizar a los otros dos.
Por ello las autoridades electorales son saben qué hacer frente al tema en cuestión, pero lo cierto es que ese proceso electoral para renovar la legislatura de ese estado tendrá que efectuarse, aunque para ello sea necesario modificar la legislación aplicable, para establecer los mecanismos necesarios para ello.
