*Un cuadro experimentado alertó sobre la privatización de la generación de luz.
GABRIEL L. VILLALTA
A principios de 2011, cuando el entonces gobernador Enrique Peña Nieto se perfilaba como único precandidato presidencial del PRI y éste era favorito para ganar el Ejecutivo Federal, por el mal gobierno panista, un experimentado cuadro tricolor advirtió sobre el acelerado proceso de entrega de la generación de energía eléctrica y el camino a la quiebra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
César Augusto Santiago Ramírez, entonces presidente de una comisión legislativa especial sobre el tema, alertó sobre el abandono de la ahora empresa productiva del Estado y el creciente aumento de las compras de energía a particulares y de su participación de la iniciativa privada en la generación del total del fluido eléctrico.
Advirtió a su partido y a todos los mexicanos sobre este fenómeno, y dio datos de un estudio encargado a especialistas, en el cual se calculó que entre 2011 y 2040 las compras de energía eléctrica representarían una erogación de un billón 300 mil millones de pesos.
No le hicieron caso; al contrario, ya en la presidencia de la República Enrique Peña Nieto y sus colaboradores más neoliberales que él, terminaron de destruir la capacidad generadora de energía eléctrica de la CFE, en beneficio de las empresas particulares nacionales y extranjeras, especialmente de las españolas que favoreció el finado Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, que era el colocador que más quería Felipe Calderón.
El trabajo de investigación encargado por Santiago Ramírez reportó que entre el sexenio de Vicente Fox Quesada y la mitad del de Felpe Calderón la Comisión Federal de Electricidad pagó a las compañías privadas 300 mil millones de pesos por la energía que le entregaron.
Especialistas en el tema sostienen que se pagaban los montos establecidos en los contratos, pero no necesariamente se cumplía con los volúmenes entregados, pues las autoridades no supervisaban, ni verificaban con rigor el flujo eléctrico que recibían para revenderlo a los usuarios del servicio.
En la práctica las empresas privadas eran las que decían cuánto entregaban y su palabra era la verdad aceptada por las autoridades, quienes gustosas pagaban por la energía que podía generar, como lo había hecho desde la nacionalización de la industria por el presidente Adolfo López Mateos, en la década de los sesenta del siglo pasado.
Mientras las compras de energía eléctrica a particulares aumentaban con cargo a la CFE y a las finanzas públicas, para no cargarles a los consumidores todos los porcentajes de aumento que aplicaban, las plantas generadoras del fluido de la empresa pública descentralizada trabajaban al 50 por ciento de su capacidad instalada. No podían producir más, porque existía la obligación contractual de comprarle la que generaban los particulares: si no les recibían la energía, de todos modos había que pagarles, como si la recibieran.
