***Cartas a la Redacción de “El Espectador”***
MUCHOS DELITOS PUDIERON COMETER
DIPUTADOS Y SENADORES SOBORNADOS
Metepec, Méx; a 13 de agosto de 2020
Lic. Augusto Lozano Robles
Presidente editor de “El Espectador
Desde la extradición de España a México del que fuera director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, mucho se ha comentado sobre su condición de brazo corruptor del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Hacienda, Luís Videgaray, para sobornar a diputados y senadores para que votaran a favor de las llamadas reformas estructurales.
Algunos sobornados, ahora gobernadores, con esos antecedentes no es difícil imaginar cómo manejan los fondos públicos de sus estados.
La mayoría de los mexicanos no sabe lo que esas acciones corruptoras representaron en términos legales y penales. Y nuestras organizaciones profesionales guardan silencio e incumplen con su obligación de informar y orientar a la población sobre lo que los sobornos a diputados federales y senadores significaron para el Estado de Derecho.
En primer lugar, los sobornos entregados a los legisladores fueron en efectivo, según lo declaró Lozoya, al entregar esos documentos de prueba y atribuir al entonces presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda y Crédito Público, Luís Videgaray Caso la orden de corromper a diputados federales y senadores de oposición.
Es probable que el dinero haya tenido origen en la corrupción. Es decir, de las “mordidas” que daban las empresas que conseguían contratos en el gobierno, lo que implicaría el delito de operación con recursos de procedencia ilícita. Y si se trató de dinero del presupuesto, fue una desviación de fondos públicos, porque no estaban aprobados para entregarlos a diputados y senadores, además de peculado, por parte de Peña Nieto y Videgaray Caso.
Los “representantes populares”, recibieron dinero en efectivo, sin declararlo ante las autoridades fiscales, y eso fue evasión fiscal y coparticiparon en el delito de peculado con contenido patrimonial. Y si eran producto de las “mordidas”, entonces fueron cómplices del delito de operación con recursos de procedencia ilícita, lo que debe investigarse y esclarecerse, aunque ninguno de los gobernadores sobornados cuando eran legisladores pise la cárcel.
Abogado Luís Gerardo Treviño Suastegui.
