(Foto: Jorge Alvarado)
*Políticos “machistas” y padres desobligados no ocuparán cargos de elección.
De la redacción
La representación popular mexiquense, en votación unánime de todos los partidos representados en la misma y diputados independientes, reformaron diversas leyes para hacer realidad la igualdad de género en materia política y sancionar con la exclusión de cargos de elección popular al “machismo”.
Los cambios incluyen la obligación de establecer la igualdad de género en el gabinete estatal, principio que deberá asumir también el Poder Judicial del Estado. Sancionan el comportamiento irresponsable de los padres frente a sus hijos. No podrán ser candidatos a cargo de elección popular quienes evadan la obligación de cumplir con la entrega de la pensión alimentaria. Los partidos que no cumplan con la paridad de género podrán ver reducido hasta en 50 por ciento el monto del financiamiento público.
El avance legal en favor de la paridad de género en el Estado de México se logró por una iniciativa de cambios legales presentada por las legisladoras de MORENA, Karina Labastida Sotelo y Mariana Guadalupe Uribe Bernal.
Labastida Sotelo reflexionó sobre las modificaciones legales y recordó que el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, entre ellos, los políticos-electorales es producto de un largo camino de lucha, que llevó mucho tiempo tortuoso, “con obstáculos frente a los cuales las mujeres nos hemos encontrado, sin desistir, ni rendirnos, ni abandonar lo caminado, lo que hizo posible lo que ahora estamos logrando”.
En su intervención en la tribuna de la 60 Legislatura Local destacó la condicionante para ser candidato a un cargo de elección popular: no estar condenado o condenada con sentencia ejecutoriada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género.
En seguida se refirió a que los cambios legales en materia de igualdad de género y contra la violencia política contra las mujeres disponen que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) integre y maneje un padrón específico de padres deudores morosos en materia alimentaria para sus hijos, en el territorio estatal y nacional.
Igualmente no podrán ser candidatos a cargos de elección popular quienes estén con condenas ejecutoriadas por violencia familiar contra la libertad sexual o por violencia de género, en un paso importante para terminar con la violencia política y de otro tipo contra las mujeres.
