
*Nada más esperó para ver si ganaba o perdía López Obrador para actuar.
De la redacción
A menos de cinco meses de dejar la presidencia de la República y cinco días después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el entonces presidente Enrique Peña Nieto prorrogó por 50 años la concesión a una empresa particular la administración del puerto de Veracruz.
Lo inexplicable fue que esa concesión a la compañía “Administradora Portuaria Integral de Veracruz S.A. de C.V.” tenía vigencia hasta 2044, y fue ampliada medio siglo cuando le faltaban 26 años para vencer el primer plazo; es decir, la prorroga otorgada por Peña Nieto entrará en vigor cuatro sexenios y dos años después de acabada su administración.
Ahora la corporación privada, representada por Juan Ignacio Fernández Carbajal, en la cual participan accionistas de la Coca Cola, podrá aprovechar, explotar y administrar el bien nacional, con todas sus instalaciones y servicios hasta el 2094. La prórroga fue firmada por Gerardo Ruiz Esparza, fallecido a principios de abril de este año.
La concesión fue otorgada por Carlos Salinas de Gortari, cuando le faltaban nueve meses para terminar su sexenio en 1994, y fue por 50 años, hasta 2044, por lo que con la prórroga regalada por Peña la explotación del puerto veracruzano durará un siglo, cuando menos, porque podría ser prorrogada de nuevo para más allá de 2094.
La maniobra en favor de la empresa que representa Fernández Carbajal se mantuvo en secreto, y apenas a mediados de la semana pasada la situación le fue informada al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Éste anunció que revisarán el procedimiento de la ampliación de esta prórroga, para estudiar la posibilidad legal de anular la extensión. No dijo si tratará de ponerle fin a la concesión antes de vencer el plazo inicial de 2044, pero sí hacerlo con la prórroga de medio siglo.
Además, de acuerdo con la información del mandatario, a la empresa “Administradora Portuaria Integral de Veracruz S. A. de C. V.” le perdonaban el pago de impuestos federales, en una situación privilegiada que no permite la Constitución.