POR CUALQUIER COSA, ATRASO:
NUNCA POR FALTA DE DINERO
LA MAYORÍA LEGISLATIVA DEBE INDAGAR PORQUÉ
CON TANTO DINERO EL ESTADO SIGUE EN EL ATRASO
Por razones inexplicables, durante el tiempo de la hegemonía priista en el Poder Legislativo las cuentas públicas fueron aprobadas sin una verdadera fiscalización, a pesar de la presencia opositora en ese cuerpo colegiado. La renuncia a cumplir con su segunda facultad y obligación constitucional más importante llegó a tanto que, al final, durante el sexenio de Arturo Montiel Rojas se optó por mejor suprimir esa atribución.
Se incurrió en simulación, y ni por equivocación la vigilancia del ejercicio del gasto llegó a la revisión y evaluación del impacto de la aplicación de los fondos públicos en el bienestar de los mexiquenses. No se les hizo extraño que entre más se gastaba, más crecían los problemas de marginación y malas condiciones de vida de los gobernados.
De acuerdo con un análisis de este semanario al monto de la cuenta pública de 2019, entre los años 2002 y 2019 el presupuesto estatal creció 450 por ciento. Pasó de 59 mil 738 millones de pesos en el primer año de referencia a 324 mil 421 millones en el segundo; casi 265 mil millones de pesos más. Se atribuye a la crecida y creciente población la imposibilidad de resolver o abatir los problemas sociales, especialmente el de pobreza y pobreza extrema: el Estado concentra el mayor número de pobres del país.
El análisis comparativo de “El Espectador” al comportamiento demográfico y al de inflación y al incremento presupuestal estatal en los 17 años citados no deja lugar a dudas: no es la insuficiencia de fondos públicos la razón y explicación a la persistencia y agravamiento de la pobreza y marginación.
Los habitantes del Estado de México crecieron entre 2002 y 2019 un 27 por ciento, mientras el presupuesto se elevó 450 por ciento en el mismo período, más los recursos ejercidos directamente por la Federación en el territorio estatal; sobre todo, durante los seis años del exgobernador Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República. Fueron tantos los ingresos adicionales, que ni siquiera pudieron aplicarlos (gastarlos) todos.
En este aspecto es muy ilustrativa la propuesta de una diputada local en el sentido de que el Poder Ejecutivo invierta en salud y reactivación económica los cerca de 14 mil millones de pesos no gastados en 2019, cuyo destino hasta ahora se desconoce. Eso indica que a las autoridades del Estado les sobró dinero en 2019 y todos los años.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), el instrumento técnico del Legislativo, mediante el cual ejerce sus facultades fiscalizadoras, reconoció que el último presupuesto de Eruviel Ávila Villegas no pudo revisarse a fondo, porque los órganos de control interno del Ejecutivo, vigilantes de la ejecución de los programas, estaban en manos de gente incapaz de cumplir sus funciones, y no entregaron la información indispensable para fiscalizar. Y nada pasó.
La nueva correlación de fuerzas en el Poder Legislativo Local, favorable a la izquierda, permite ahora una verdadera fiscalización, favorecida por la recuperación de la facultad constitucional de calificar la cuenta pública, por ello la vigilancia del ejercicio presupuestal no debe limitarse a que los montos de los ingresos y egresos cuadren, porque eso puede lograrse artificialmente, con maniobras contables y financieras.
La fiscalización debe ahora privilegiar el conocimiento del impacto del gasto público en las condiciones de vida y bienestar de la población y en el mismo orden de prioridades, verificar si las compras de bienes y servicio y las obras públicas se pagaron al menos a precios de mercado y si cumplen con las condiciones de cantidad y calidad pagadas, porque el saqueo de fondos públicos ocurre por sobreprecios y empresas “fantasmas”.
