*AMLO presentó la petición al Senado, quien la turnó a la SCJN.
De la redacción
(Primera parte)
En un hecho sin precedente, y a 13 horas de vencerse el plazo para ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al Senado de la República una solicitud de consulta para que la sociedad decida si se enjuicia a los expresidente Salinas de Gortari, Zedillo Ponce de León, Fox Quesada, Calderón Hinojosa y Peña Nieto, por posibles delitos cometidos.
La Cámara Alta del Congreso de la Unión la turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que resuelva si es constitucional o no la consulta y la pregunta. Si procede, será el INE quien hará la consulta. Por la trascendencia del asunto, publicamos íntegro el documento en dos partes.
Primero. Entre el 1º de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esa etapa gráfica de la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista.
Segundo. Los males señalados en el párrafo anterior no ocurrieron de manera fortuita, sino que fueron consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular.
Las más altas esferas del poder público y específicamente quienes ejercieron la titularidad del Poder Ejecutivo dieron fe en innumerables ocasiones, tanto de palabra como en los hechos, de su adhesión a las políticas privatizadoras, su determinación de privilegiar a los grandes poderes económicos y de su empecinamiento en estrategias de seguridad violentas, inhumanas y contraproducentes.
En suma, los desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante esos 30 años fueron resultado de una suma de actos voluntarios irracionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso.
Tercero. El neoliberalismo gobernante se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas; en decenas de miles de desapariciones; en la conculcación de derechos políticos y sociales; en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación, la informalidad y la descomposición social; en el deterioro sostenido de los sistemas públicos de salud y educación; en la desprotección de millones de jóvenes y adultos mayores; en el acoso depredador en contra de las comunidades indígenas; en un pronunciado deterioro de las instituciones; en la pérdida de soberanía y en la devastación de las industrias petrolera y eléctrica, entre otras consecuencias graves.
Cuarto. La desigualdad en México se profundizó precisamente durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Según cifras del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, fue en el sexenio de Carlos de Salinas de Gortari cuando crecieron más en nuestro país las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres, y no es casual que, al mismo tiempo, se entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes públicos.
Un dato. En julio de 1988, cuando Salinas fue impuesto mediante un fraude electoral, en la lista de la revista Forbes, en la cual figuran las personas más ricas del mundo, sólo aparecía una familia mexicana, la de los Garza Sada, con dos mil millones de dólares; pero al finalizar aquel sexenio ya estaban incorporados a ese listado otros 24 mexicanos que poseían en conjunto más de 44 mil millones de dólares. Casi todos ellos habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos que antes eran propiedad de los mexicanos. Luego de estar colocado, en 1988, en el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios, en 1994 México escaló al cuarto sitio, sólo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania.
Quinto. El presidente Ernesto Zedillo continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias. Privatizó bienes nacionales como los ferrocarriles, pero además adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del llamado rescate bancario de 1998. A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de dos billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070.
Sexto. Vicente Fox Quesada llegó a Los Pinos como resultado del anhelo social del alcanzar la democracia y la alternancia; sin embargo, cuando se acercaba el final de su gestión intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición.
Tal intromisión no sólo fue reconocida en el fallo con el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación legalizó el turbio proceso electoral de 2006, sino que el propio Fox, quien al año siguiente en una entrevista con Telemundo, admitió, cito, ‘que era importante detener a López Obrador’ y en 2010 se jactó, cito, ‘de haber cargado los dados del proceso electoral. De esa forma traicionó el mandato democrático al que se debía y los principios mismos de la democracia.
Séptimo. Desde el inicio de su sexenio, Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir el narcotráfico, que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente y terriblemente costosa para México.
Lo más grave: colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron los indicios de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico, pero el gobernante no hizo absolutamente nada. A la luz de la detección y el enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón sólo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada.
Octavo. La irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue señalada desde 2012, sin que ello tuviera consecuencias legales o llevará al Tribunal Electoral a anular la elección, como en ese tiempo desde la oposición formalmente lo exigimos.
Sin embargo, declaraciones recientes de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht.
Por otra parte, los señalamientos de Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores del PAN para obtener los votos y la aprobación de la llamada Reforma Energética, así como en la compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, operación que causó al erario un quebranto superior a 200 millones de dólares.
Noveno. Los hechos referidos en los párrafos anteriores, más muchas otras calamidades no relatadas en aras de la brevedad, generaron una creciente e inocultable indignación que desembocó en múltiples exigencias de justicia en sectores ampliamente mayoritarios de la sociedad mexicana. Tales exigencias se toparon con una diversidad de mecanismos de encubrimiento e impunidad; con adulteración de disposiciones legales; con las componendas de los partidos subordinados al régimen; con el silencio cómplice de la mayoría de los medios de información, nacionales y extranjeros; con acuerdos tácitos de protección entre los presidentes salientes y los entrantes, y con aparatos de procuración de justicia puestos al servicio de los propios gobernantes.
