Las familias de los desaparecidos, en su inmenso dolor y desesperación ocupan en la Ciudad de México la sede de la CNDH para exigir la justicia que merecen y las autoridades están obligadas a proporcionar.
No obstante, equivocan su estrategia de lucha y afectan a una institución que no tiene facultades para hacer justicia y terminar con la impunidad, si no que sólo hace recomendaciones a las autoridades para que atiendan a los familiares de las víctimas.
Deben reclamar justicia, pero si de tomar indebidamente instalaciones se trata, deberían fijar como blanco a las fiscalías estatales y a las comisiones de los derechos humanos de esas entidades, porque los delitos que las agraviaron son del fuero común y no le corresponde castigarlos al gobierno federal.
La misma estrategia deben emplear las feministas, quienes demandan en la Ciudad de México la despenalización del aborto y el aborto seguro. Las modificaciones legales para ello deben hacerlas las legislaturas locales, no el Congreso de la Unión, por ello sus manifestaciones deben realizarlas en las capitales de las entidades federativas.
Se equivocan por partida doble: protestan y causan destrozos en la capital de la República, donde está despenalizado el aborto y hay apoyo para un aborto seguro; y no reclaman ante los gobiernos estatales donde no han impulsado esos cambios legales y se penaliza y expone a riesgos de salud a las mujeres que recurren a esa medida.
Pero al cometer destrozos en forma irracional, empañan la lucha y pierden simpatía y respaldo moral de la población a sus movimientos.
El gobierno Federal ha dado muestras de sobra de tolerancia y mesura ante las manifestaciones que con razón o sin ella le reclaman la atención a las necesidades de grupos vulnerables y víctimas; sin embargo, esa condescendencia ha ocasionado que personas con intereses no expuestos aprovechen la protesta ciudadana para generar violencia sin sentido en un intento por provocar a las fuerzas del orden.
Lo cierto es que el actual gobierno es un gobierno que garantiza la libre manifestación de las inconformidades, algo que definitivamente no se puede decir del anterior sexenio peñista.
