El tema del presupuesto federal para el próximo año ha sido motivo de polémica, sobre todo, entre los gobiernos estatales de oposición.
En especial, los gobiernos de partidos opositores que forman la llamada “alianza federalista” se han excedido en sus presiones y han asumido posiciones irracionales, como esa de que el gobierno deje de invertir en los proyectos del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y en el Istmo.
Los mandatarios no pueden decidir en qué invierte el gobierno federal, y tampoco pueden decidir que les entregue más dinero del que les corresponde de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal.
Si caen las recaudaciones recibirán menos, y si se elevan por encima de lo previsto, recibirán más, de acuerdo a la fórmula legal establecida, y no pueden pedir se les entreguen participaciones por el mismo monto del año anterior, si ahora cayeron las recaudaciones.
En última instancia, el asunto no son las participaciones, nadie espera que el gobierno federal o los estatales vaya a tener mayores ingresos este año que en 2019, la crisis del coronavirus así lo obliga, en el fondo se trata del proceso electoral del próximo año. Ese es la verdadera causa de la beligerante oposición de los gobernadores estatales.
