*Se aclarará el caso y no habrá impunidad: AMLO. *Apriete el paso: padres.
De la redacción
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 ocurrió en el escenario de la lucha de grupos de narcotraficantes por Iguala, plaza importante para la distribución de drogas en la Ciudad de México y su trasiego hacía Estados Unidos, y la protección oficial a esas actividades.
Dichas actividades fueron consentidas o protegidas por las autoridades federales, cuyas investigaciones fueron para encubrir lo ocurrido y favorecer a los autores materiales e intelectuales, reveló el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en una videoconferencia sobre el caso, dirigida a padres de las víctimas y a los mexicanos.
En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un acto en Palacio Nacional, ratificó su compromiso con los familiares de las víctimas de esclarecer lo ocurrido y terminar con la impunidad de los autores materiales e intelectuales, sin importar quienes sean e informó existen órdenes de aprehensión contra personas que estuvieron en Iguala esa noche y tuvieron conocimientos de lo que estaba ocurriendo contra los normalistas.
Dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) puso a disposición de las investigaciones a todo el personal del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala y toda la información solicitada a ese Batallón y al 35, como antecedentes del personal castrense, informes, comunicaciones bitácora, radiogramas fotografías y videos. Y hay órdenes de aprehensión contra militares, anunció el mandatario.
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) reiteró que la llamada “verdad histórica”, con la cual el anterior gobierno trató de ocultar lo ocurrido “ha colapsado” y no se inventará una nueva verdad histórica, sino se aclarará lo ocurrido y se informará, por más dolorosa que sea. Los tres oradores coincidieron en sostener que se rompió el pacto de silencio en las investigaciones, cuya finalidad era proteger a los culpables.
María Martínez, a nombre de los padres de los jóvenes desaparecidos, expuso que deseaban llegar al 26 con algo más, y pidió comprensión a su coraje y reclamo enérgico de justicia, porque ya son seis años de la ausencia de sus hijos. No obstante, reconoció una nueva actitud del gobierno y expresó su confianza en que se esclarecerán los hechos y se encontrará a los normalistas, y reiteró la exigencia de que los localicen vivos, como se los llevaron. “Apriete en las investigaciones, especialmente a policías y militares”, dijo, y expresó la voluntad de seguir caminando juntos con las autoridades en la búsqueda y en las investigaciones.
Gertz Manero atribuyó a Tomás Zerón, ex director de Investigación Criminal, el montaje y la desviación de las investigaciones para que no se conociera la verdad, así como el robo de mil millones de pesos de la FGJ, por lo cual huyó a Canadá y después a Israel, pues hay orden de aprehensión y se solicitará al gobierno de ese país su extradición. Hay mandamiento de captura contra policías federales, municipales y militares.
